OPINIÓN
Un Estado de derecho efectivo es precondición para solucionar de raíz el problema de la seguridad pública.
La situación del país, en lo económico, político y social, hace que no sea prematuro empezar a reflexionar sobre la elección presidencial de 2018, sin ignorar que los resultados de los comicios locales (gobernador, legislaturas y ayuntamientos) de 2016, en 12 entidades del país, serán fundamentales para una prospectiva más precisa de México hacia 2018.
Los factores que determinarán los gobiernos que resulten electos en 2018 pueden agruparse en tres. Primero, la estrategia y efectividad electoral de los partidos políticos, y cómo enfrenten la novedad de candidatos independientes. Segundo, el perfil (capacidad, honradez, experiencia) de los candidatos, de partido o no, que lleguen a la contienda final. Tercero, esperemos, los proyectos y propuestas de gobierno. Será una elección de estrategias, de personas, y de propuestas.
Respecto al último aspecto, parecería que hoy tres temas interesan más a la ciudadanía: los obstáculos para acelerar el desarrollo económico del país, la seguridad, y la corrupción. Sin embargo, cuando éstos se analizan, emerge un asunto común: la violación constante de la ley, la impunidad, y la fragilidad del Estado de derecho.
Por Estado de derecho se entiende una situación en la que los gobiernos y la ciudadanía están sometidos a la ley. En éste, la ley establece lo que cada institución del Estado puede hacer y lo que no, así como las condiciones y límites para el ejercicio de los derechos individuales de las personas.
Esta noción de Estado de derecho emana de la tradición política y jurídica liberal, que establece límites a la acción gubernamental por medio de leyes, la reivindicación de derechos y libertades de los ciudadanos, y la solución de conflictos en los tribunales. De ahí que la ley excluye el ejercicio del poder arbitrario, parte de la igualdad de todas las personas ante la ley, y de la sujeción de gobernados y gobernantes a ésta, aplicada por tribunales.
Por lo anterior, la procuración e impartición de justicia son elementos indispensables para la vigencia plena del Estado de derecho.
Cuando hay un Estado de derecho efectivo, la actividad económica se desenvuelve en un contexto de certidumbre jurídica y respeto a los derechos de propiedad. La falta de ambos explica, en buena medida, el insatisfactorio desempeño de la economía mexicana.
Un Estado de derecho efectivo es precondición para solucionar de raíz el problema de la seguridad pública, pues aporta precisión sobre las atribuciones de las Fuerzas Armadas y de las agencias policiacas de los tres ámbitos de gobierno en esa materia. Además, establece lineamientos para el cumplimiento de sus obligaciones con pleno respeto de los derechos humanos.
En todas sus expresiones, la corrupción conlleva la violación de derechos y obligaciones de la ciudadanía. La corrupción se da cuando se infringe la ley, o cuando existen lagunas o deficiencias legales que generan márgenes para decisiones discrecionales.
No es concebible una democracia liberal sin un Estado de derecho vigente, que garantice la acción del Estado y, al mismo tiempo, el respeto pleno a los derechos de las personas.
En síntesis, hay un tema central que determinará el resultado de la elección de 2018: los proyectos y propuestas de cada candidato acerca del Estado de derecho.
Es deseable que la ciudadanía empiece a cuestionar a las organizaciones políticas y a los candidatos, declarados o potenciales, sobre su visión y propuestas en materia de Estado de derecho.
¿Qué principios de gestión pública establecerían a fin de que la acción cotidiana del Ejecutivo se apegue siempre a las disposiciones vigentes?, ¿cómo se coordinarían con los tres ámbitos de gobierno para fortalecer el Estado de derecho?, ¿qué organización y presupuesto darían a las procuradurías para lograr ministerios públicos más eficientes y efectivos?, ¿qué propondrían al Poder Judicial para mejorar sustancialmente la impartición de justicia?, ¿cuál es su visión para una defensa efectiva de los derechos humanos?
Estas cuestiones, enmendadas y enriquecidas por una sociedad activa y participativa, deberían constituirse, de ahora a las elecciones, en la gran causa que aglutine la acción colectiva en beneficio de México.
EL UNIVERSAL
