Los actos de tortura sexual cometidos por policías de diversas corporaciones policíacas en contra de mujeres durante el operativo realizado el 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco no fueron actos aislados, sino parte de una actuación sistemática que fue tolerada por las autoridades mexicanas, a través de la falta de investigación de denuncias y descalificación de las víctimas.

En la segunda jornada de audiencias sobre el tema, las abogadas de las sobrevivientes de tortura sexual en Atenco señalaron que los actos de los policías no fueron excepciones ni aberraciones aisladas, sino muestras de un patrón de agresiones contra mujeres que se llevaron a cabo en ese caso, pero también han ocurrido en otros.

De igual forma, recordaron que diversas instancias nacionales e internacionales dieron cuenta del carácter masivo y arbitrario de las detenciones ocurridas en San Salvador Atenco hace 11 años, como parte de una estrategia de “control social”.

Asimismo, destacaron que las autoridades del país nunca llevaron a cabo una investigación realmente exhaustiva sobre los hechos, lo cual dejó en la impunidad a los responsables y llevó el caso hasta la propia Corte Interamericana.

DISCRIMINACIÓN INDÍGENA PERSISTE EN MÉXICO: ONU

Los pueblos originarios de México siguen enfrentando graves problemas de discriminación y falta de cumplimiento de sus derechos básicos, problemas que se han ido incrementando -en gran medida- por falta de voluntad política del gobierno del país para resolverlos, señaló la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.

En conferencia de prensa, una vez terminada su visita oficial al país, la especialista hizo un resumen de sus principales hallazgos, luego de reunirse con más de 200 personas de 23 pueblos indígenas, provenientes de 18 estados del país.

“Pude reconocer un serio patrón de exclusión y discriminación, que a su vez se refleja en la falta de acceso a la justicia, entre otras violaciones de derechos humanos”, destacó la relatora de origen filipino.

“Otro problema serio que me fue presentado del hecho de que los pueblos indígenas no están siendo apropiadamente consultados, de acuerdo con los estándares internacionales, sobre proyectos y otras decisiones que afectan sus derechos, incluyendo el derecho a la vida”, añadió.

Al detallar algunos de los aspectos que analizó en su visita del 8 al 17 de noviembre, Tauli-Corpuz señaló que el derecho de los indígenas a la tierra y el territorio es una de las garantías violadas con mayor frecuencia, con el propósito de imponer diversos megaproyectos económicos, cómo minas, presas hidroeléctricas y otras iniciativas similares.