COLUMNA INVITADA
En un país donde hay impunidad en los crímenes contra periodistas, no puede haber leyes como ésta que permitan la censura al pensamiento e inhiban del ejercicio de la libertad de expresión y a la crítica periodística.
La defensa de la libertad de expresión es una condición fundamental para el avance y consolidación de las democracias, además de sustento de los derechos humanos de cada persona en lo individual y lo colectivo.
Por eso es preocupante la entrada en vigor en el país, el pasado 4 de diciembre, de la Ley de Derecho de Réplica porque lejos de garantizar efectivamente este derecho, se vuelve un instrumento para el acoso judicial a la libertad de expresión y a la crítica periodística.
Esta Ley reglamenta el Artículo 6° párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma y adiciona el Artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Desde el principio, en la CDHDF consideramos que es violatoria a la libertad de expresión y pensamiento, no garantiza el derecho de réplica de los ciudadanos y obstruye el derecho a una defensa pronta y expedita en Estados que se precien de ser democráticos.
Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es muy preocupante que derivado de esta reglamentación inicie una persecución, presión, represión y acoso judicial contra periodistas y comunicadores al ejercer su derecho a investigar e informar conductas o hábitos de personajes, funcionarios, políticos o gobernantes que “se sientan agredidos” por la publicación de sus actividades.
No buscamos un libertinaje o un derecho a ultranza para calumniar o exhibir a las personas, pero sí un equilibrio que dé paso a mecanismos que impidan excesos, arbitrariedades, abusos y conductas ilícitas de quienes detentan el gobierno o poder y lo usan para beneficiarse o apoyar intereses personales o de grupo.
Es absurdo pretender censurar el pensamiento y no puede ser que se quiera usar la réplica a la crítica periodística, si es la base esencial de su ejercicio: criticar para proponer, para evidenciar.
Con esta Reglamentación, los medios de comunicación y comunicadores podrán ser sometidos a juicios engorrosos y a la imposición de multas que fluctúan entre 35 mil y 350 mil pesos, de considerarse que no cumplieron con la Ley.
Como organismo, la CDHDF presentará un ‘Amicus Curiae’ con el propósito de realizar acciones de orientación y acompañamiento para periodistas y medios de comunicación que presenten acciones ante instancias nacionales e internacionales; convocará a foros de discusión para construir una opinión técnica y una propuesta de reforma a la Ley en comento, que en su momento será remitida al Congreso de la Unión para su valoración.
En un país donde hay impunidad en los crímenes contra periodistas, no puede haber leyes como ésta que permitan la censura al pensamiento e inhiban del ejercicio de la libertad de expresión y a la crítica periodística.
Lo anterior es una afrenta no sólo a los derechos humanos, sino a las garantías mínimas para que podamos seguir consolidando un régimen democrático.
EL UNIVERSAL