OPINIÓN

Ningún pueblo avanza sin conocer las leyes y hacerlas suyas. La Constitución de 1917 marcó el punto de partida del nuevo proyecto del Estado mexicano; laico, soberano, federalista y con economía mixta, mediante un modelo jurídico, político, económico y social que ha podido sortear los grandes episodios bélicos, ideológicos y económicos que se suscitaron en el mundo en casi un siglo.

El principio fundamental del Estado mexicano emanado de la Revolución fue precisamente renovar el pacto social para preservar la paz, diseñar un modelo de instituciones e impulsar la obligatoriedad de la actuación jurídica del poder público.
Mañana día 5 de febrero conmemoramos el 98 aniversario de nuestra Carta Magna y dentro de dos años se cumplirá el primer centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para tal efecto está en vigor un acuerdo entre los tres Poderes para la integración de una Comisión encargada de este festejo. Es evidente que este importante acontecimiento, más allá de la pirotecnia obligada, debe tomar como referencia la dimensión de esta fecha como la gran oportunidad para dar un paso más en la consolidación de nuestra nación.
Esperamos que durante los próximos dos años los especialistas estudien y propongan los mejores métodos para avanzar en una cultura ciudadana que conozca, defienda y exija los preceptos que marca nuestra Carta Magna.
En mi experiencia personal como gobernador del estado de Veracruz, el texto constitucional era extenso, confuso y ambiguo, por ello más que convocar a un nuevo constituyente estatal, fue posible aplicar la figura de reforma integral para la renovación total de la Constitución de la entidad. De ahí se logró que el 4 de febrero del año 2000 entrara en vigor el texto reformado, el cual en su momento fue pionero en consagrar los derechos de los pueblos indígenas, establecer los mecanismos de democracia semidirecta, como el plebiscito, referéndum e iniciativa popular. Insistí en la inclusión del artículo que establece el juicio político al gobernador, entre otras muchas innovaciones.
El análisis constitucional es motivo de debate. La evolución del texto ha sido resultado de innumerables reformas y “mutaciones”, como las definía Jorge Carpizo, que por su ambigüedad quedan sujetas a la interpretación. Adicionalmente Fix Zamudio considera que “está desordenada”, y Diego Valadés recuerda el pensamiento de Juan Jacobo Rousseau: “un pueblo siempre tiene el derecho de revisar, reformar y cambiar su Constitución. No puede una generación sujetar a sus leyes a las generaciones futuras…” En este rico debate, valiosos especialistas se pronuncian a favor de que el texto actual se respete, bajo el argumento que nuestro país sería muy diferente si solamente se aplicara su contenido; otros plantean la idea de una renovación total y otros más han venido explorando convocar a un nuevo constituyente con la intención de promover la proclamación de una nueva República, debate que aún en ciernes ya es fuente de confrontación.
La reforma del Estado es la actualización del Pacto Social, su misión necesariamente transita por una variedad de reformas y adiciones constitucionales que nos permitan avanzar y modernizar los actos de gobierno, sus ámbitos de competencia, atribuciones y potestades, con el fin de superar muchos de los rezagos que someten a los Poderes y a las entidades públicas a un laborioso proceso de justificación, y en su caso la exigencia de requerimientos, en ocasiones excesivos hacia la ciudadanía.
En síntesis, si deseamos que México remonte los grandes retos que tiene hoy, tenemos dos opciones; o acercar la ley al ciudadano o acercar al ciudadano a la ley.
Rúbrica. Esclarecimiento. El viaje a Ginebra resultó muy sobrio.
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