Desde hace décadas, los mexicanos sabemos que la transformación del país no es “un lecho de rosas” y defender los intereses del pueblo menos aún.
Aun cuando no se quiera, la sociedad está dividida en clases y cada una de ellas tiene sus propios intereses; desde hace años, en México ha gobernado una clase social que ha mutado con los años y a través de sus partidos, PRI y PAN, han establecido sus políticas económicas y sociales; y en los últimos años, esas fuerzas políticas profundizaron las políticas neoliberales que pretendían minimizar la intervención del Estado en la economía.
En realidad, después de la “crisis de los errores de diciembre” de 1994 y las políticas de ajuste y estabilización del Fondo Monetario Internacional (FMI), ninguno de los gobiernos que siguieron al del presidente Ernesto Zedillo modificó las políticas económicas y sociales seguidas, decidieron administrar el país, sin observar que el entorno internacional había cambiado, pero desde la publicación de la Ley de Petróleos Mexicanos en 2008, Auditoría y Evaluación del Desempeño y la desaparición de Luz y Fuerza el Centro en 2009, durante el gobierno de Calderón, hasta la reforma energética de 2013, en el gobierno de Enrique Peña, estaba claro que no sólo se trataba de la privatización de servicios públicos como la distribución de agua, electricidad, recogida de basura, sino de concretar el proceso para desmembrar y privatizar CFE y PEMEX.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es, desde el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1945, un gobierno popular que se ha propuesto gobernar para los pobres y poner fin a la corrupción. Incuestionablemente, la llegada del presidente López Obrador ha frustrado los planes de quienes pretendían adueñarse de PEMEX y de la CFE y la llegada de la Dra. Sandoval es, para los corruptos, un dolor de cabeza que no podrán quitarse, pero tratarán de desprestigiar con sus patrañas, intentando engañar al pueblo con su dicho.
Desde su campaña presidencial en 2018, el presidente designó como Secretaria de la Función Pública (SFP) a la Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, dejando en sus manos la lucha contra la corrupción y la impunidad; una intelectual descendiente de luchadores sociales de Guerrero, educada desde su niñez bajo los principios de la honestidad y el servicio a los desposeídos de México, convencida de la necesidad transformar las estructuras del Estado y poner fin a la corrupción; el presidente dejó claro que no habría más impunidad en México y que la corrupción no sería parte de su gobierno, pero sí la lucha implacable contra ella en manos de la zar anticorrupción mexicana: la Dra. Irma Eréndira Sandoval.
No obstante, después de que se dio a conocer el resultado de la investigación sobre la denuncia anónima, presentada el 6 de enero contra el Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Lic. Manuel Bartlett Díaz, se ha desatado un “linchamiento político” contra la Dra. Sandoval, acusándola, incluso, de corrupta y de actuar de la misma manera que sus antecesores que solaparon la corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto; comparaciones absurdas cuando se conocen las convicciones políticas y la ética pública que mueve a la Dra. Sandoval en su trabajo al frente de la SFP.
Los medios y las redes sociales han dado cuenta en estos días, de la manera en que se han ensañado contra la Dra. Irma Eréndira Sandoval. Medios y redes sociales han cuestionado la transparencia de la investigación realizada contra Manuel Bartlett Díaz; a pesar de que la SFP, desde el 6 de septiembre y hasta el 12 de noviembre de 2019, se recibiera “denuncias que, en tanto se dirigían al mismo servidor público y en referencia a los mismos hechos, fueron acumuladas en una sola investigación.”, las cuales se basaban en dos investigaciones periodísticas que cuestionaban la falsedad de su declaración patrimonial y de intereses como servidor público, pero de las cuales no se desprendió ninguna falta administrativa que implicara la destitución, suspensión e inhabilitación del funcionario público.
Es evidente el enojo de la mayoría de los mexicanos contra los gobiernos que han propiciado la corrupción y han protegido la impunidad; el deseo de ver “cabezas” rodar de presidentes, secretarios y funcionarios que han saqueado el país para amasar fortunas inexplicables. Sin embargo, la mayoría de los funcionarios públicos tienen miedo en denunciar y presentar elementos reales, que permitan llevar a los tribunales a muchos funcionarios públicos; el temor los lleva a convertirse en cómplices sin desearlo, se escudan bajo el pretexto de: “Usted no sabe de lo que son capaces,… quiero conservar mi trabajo y no quiero tener problemas”; en fin el miedo sigue permitiendo la impunidad, porque no se puede llevar a nadie a los tribunales sin elementos probatorios reales.
También es cierto que, nadie puede mostrarse complaciente con funcionarios públicos que, en los gobiernos pasados han amasado fortunas, mostrado su apoyo incondicional al PRI y defendido sus posiciones como Manuel Bartlett Díaz; sin embargo, debe entenderse que MORENA no es un partido político sino un movimiento que ha incorporado a diferentes disidentes de los partidos políticos y algunos de ellos ocupan puestos en el gabinete ampliado del presidente; lo que ha hecho que muchos priistas se reciclen ante los ojos atónitos de quienes votaron por el cambio; no obstante, si no se tienen elementos de faltas administrativas por parte de ellos, la SFP nada puede hacer.
La SFP y la Dra. Irma Eréndira Sandoval, han realizado un trabajo ejemplar en la lucha contra la corrupción en este primer año de gobierno y el caso del Director General de la CFE, Manuel Bartlett, no puede afectar su reputación ni ensuciar el trabajo ético y pulcro que viene realizando, para vigilar el desempeño de los funcionarios públicos y sancionarlos, cuando estos incurren en responsabilidades administrativas, pero siempre apegada al marco legal vigente.
