El feminicidio es uno de los temas prioritarios de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo y gracias a la atención que se le pone a este rubro logramos que se dictará una sentencia de más de 50 años en uno de los casos que se registraron en el estado.
Lo anterior lo detalló el procurador General de Justicia Raúl Arroyo González, al comparecer ante la legislatura del Congreso del Estado, donde dejó en claro todos los aspectos de la funcionalidad de la dependencia encargada de procurar justicia en Hidalgo.
Durante la comparecencia, Arroyo González detalló que el porcentaje de casos penales por el delito de feminicidio resueltos es de 9.
Reiteró que para salvaguardar la integridad de las mujeres, se creó y ejecutó un plan de acción para la prevención del delito de feminicidio, así como la emisión del Protocolo para la tramitación, expedición y cumplimiento de las órdenes y medidas de protección, que permite brindar a la población una atención de respuesta ágil y certera, con lo que se logró el 67% de casos resueltos.
Al tocar el tema del porcentaje de casos penales resueltos por delitos de corrupción, resaltó que se logró el 41% de casos resueltos, que por ello la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción inició 221 carpetas de investigación, de las cuales, se tienen 122 determinadas. Esta cifra representó un incremento de efectividad en un 101.7%, con respecto al año anterior.
Otro de los temas relevantes fue el del porcentaje de casos penales resueltos por delitos de alto impacto, donde Raúl Arroyo aseguró que incrementaron el nivel de atención en la investigación y persecución especializada del delito, con trato humano y perspectiva de género, lo que permitió avanzar en un 28% en la resolución de casos.
Igual indicó que desplegaron acciones para mejorar la atención a las víctimas de delitos de alto impacto como trata, secuestro, feminicidio, desaparición de personas, homicidios y que se mejoró la eficiencia en el servicio. Sobre el tema abundó en que para combatir el secuestro, se invirtieron más de 37 millones de pesos en nuevas instalaciones de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS) y en la adquisición de equipamiento de tecnología de inteligencia.
Tajante determinó que desarticularon a 22 bandas dedicadas al secuestro, además de que se rescataron a 27 víctimas, detuvieron a 56 personas relacionadas con ese delito, pero también se obtuvieron 18 sentencias condenatorias de entre 25 y 95 años de prisión, ello con base en las 22 carpetas judicializadas.