Además, José Antonio Hernández, diputado de Morena, propone una serie de endurecimiento de las sanciones a funcionarios públicos acusados de actos de corrupción.

Ante el pleno del Congreso local, el diputado por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), José Antonio Hernández Vera, propuso modificaciones a la Constitución Política del Estado de Hidalgo para que funcionarios que hayan incurrido y sean juzgados por realizar actos de corrupción sean inhabilitados de por vida para ejercer otro cargo público. 

En su justificación, el legislador afirmó que la percepción de la corrupción entre la ciudadanía en el país es alarmante, y que en el 2014 el país obtuvo una calificación de 35 puntos de 100 posibles, y el lugar 103 de 175 países de acuerdo con los datos de Transparencia Internacional, siendo de los países peor calificados. 

En este tenor, Hernández aseveró que Hidalgo no está exento de este problema, y que en ese caso, la entidad se ubica dentro de los 10 estados peor evaluados en materia de corrupción, y en cuanto a la impunidad se obtuvo el índice de 88 en escala de cero a 100, donde 100 es muy impune, ocupando el lugar 11 de las entidades más opacas. 

Además, afirmó que entre el 2015 y el 2017, la percepción ciudadana sobre los actos de corrupción incrementó, de tal manera que pasó de un 77.6 a un 82 por ciento de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, siendo los trámites con mayor prevalencia el contacto con autoridades de seguridad pública, tramites en juzgados o tribunales, y permisos relacionados con la propiedad, presentando hasta 24 mil 552 casos. 

Por lo anterior, propuso una modificación a la Constitución del estado en donde se adiciona un párrafo al artículo 151 y se reforma el artículo 154, fracciones II y IV, en donde se inhabilitaría de por vida a los funcionarios que hayan incurrido en corruptelas con daños equivalentes o exceda mil 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). 

Por otro lado, también aseveró que se prevé que se inhabilite a los servidores públicos que hayan sido condenados por actos de corrupción, delincuencia organizada, daño al erario público o delitos electorales.