Con seis votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, se aprobó ayer en el Congreso local el dictamen para la reforma del Código Electoral de Hidalgo, en donde se consideraron, entre otros puntos, el incremento a las prerrogativas y la integración de los ayuntamientos, dejando intactos la duración de las alcaldías y la de gobernador.

            De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Roxana Montealegre Salvador, uno de los apartados aprobados en este dictamen es la integración de los ayuntamientos, en la que los candidatos a presidentes municipales que no hayan ganado, pero obtengan más del tres por ciento de los votos, puedan integrarse a los nuevos gobiernos como regidores.

            “Es un cambio sustancial al cuerpo colegiado del ayuntamiento, porque en primer lugar, la gente vota por los que encabezan la planilla, y no queda representada esa persona; en segundo lugar, es elevar el nivel de debate y contrapesos en los ayuntamientos para lograr mejores equilibrios, y en tercer lugar, es elevar también el nivel de la propia integración”, afirmó.

            Además, añadió que dentro de este dictamen se tiene la propuesta de la reforma electoral en materia indígena, en donde se estableció la obligatoriedad de que los municipios cuenten con regidores con esta autoadscripción para una mayor representatividad.

            Reveló también que otro de los temas que fueron discutidos y aprobados en este documento es la cuestión de las candidaturas independientes, y sobre ello afirmó que en algunos casos se restó el porcentaje de firmas, hasta en un uno por ciento, para que una persona pueda acceder a una.

            Sobre el tema del financiamiento de los partidos políticos, comentó que se tiene propuesto un incremento del 25 al 32.5 por ciento, pero señaló que este punto existe un conflicto dentro de la misma comisión, y que será el día de hoy cuando se suba al pleno del Congreso local.

            De los temas que no fueron tocados en este dictamen de la reforma electoral, de acuerdo con Montealegre Salvador, fue la duración de los periodos de las presidencias municipales y de gubernaturas, las cuales se mantienen en cuatro y seis años, respectivamente, además de los plazos para que funcionarios con cargo popular renuncien, el cual se mantuvo en 90 días.