Colombia, Ecuador y Panamá, que desde 2008 se consolidaron como tránsito de una multitudinaria corriente de viajeros indocumentados de Cuba y luego de Venezuela, Haití, África y Asia en ruta a Centroamérica, México y EU, comenzaron a reformar sus políticas migratorias para contener los masivos flujos de migrantes.

El más importante fenómeno migratorio regional es el de los venezolanos que huyen de la crisis política, socioeconómica e institucional de Venezuela. Cálculos de instituciones especializadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertaron que 2019 cerraría con 5 millones de venezolanos esparcidos mayoritariamente en América, Europa y Asia.

Colombia, principal destino del éxodo venezolano, debate en el Poder Legislativo una nueva ley migratoria que, entre otros actos, sanciona la trata de personas y la vinculación, contratación y empleo de extranjeros sin documentos, como los cubanos, haitianos, africanos y asiáticos que pasan por Colombia procedentes de Guyana, Brasil, Perú y Ecuador rumbo a Centroamérica, México y EU.

La ley “responderá a la nueva característica de la migración en Colombia, como país receptor y de tránsito de migrantes, y combatirá la criminalidad transnacional y organizada” en el negocio con los migrantes, dijo el canciller colombiano, Carlos Holmes.

Miles de africanos y asiáticos entran a Brasil y emprendieron un viaje sin visas por tierra y por mar hacia el norte de América, en un periplo al que se sumaron un gran número de haitianos.

Todos esos movimientos, junto al de los centroamericanos, llegan a las fronteras de México con Guatemala y EU. Ecuador detectó distorsiones migratorias internas e impuso una visa de corta duración para ingreso de ciudadanos de 11 países de África y Asia: India, Sri Lanka, Irak, Siria, Angola, Camerún, Gambia, Ghana, Guinea, Libia y República Democrática del Congo.