El escrutinio de la situación en la frontera entre México y EU tendrá lugar con carácter “urgente” este jueves en el pleno de Estrasburgo.

Bruselas.- La nueva legislatura del Parlamento Europeo dedicará su primer debate en materia de derechos humanos a la crisis desencadenada por la política migratoria de “cero tolerancia” emprendida por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La Eurocámara también pasará revista a las ramificaciones de la crisis migratoria, incluyendo el cambio de una política de puertas abiertas a una de guardián fronterizo de la Casa Blanca, por parte de la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El examen responde a la iniciativa de tres grupos políticos: Socialistas, Izquierda Unida y Renovar Europa. El ponente socialista es el eurodiputado Nacho Sánchez Amor, quien debuta como miembro de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara, poniendo los reflectores en los abusos. 

La sesión consistirá en un debate y posterior votación de una moción que se encuentra en redacción con aportaciones de los diversos grupos políticos. El borrador propuesto y promovido por el Grupo de los Verdes “expresa una profunda preocupación por la situación de los migrantes y los solicitantes de asilo en la frontera entre EU y México, especialmente la de los niños y sus familias”.

También ve con gran preocupación la implementación del Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), bajo el cual “solicitantes de asilo y migrantes son expulsados a ciudades fronterizas mexicanas mal equipadas y peligrosas”.

Estima que unas 60 mil personas sean transferidas de EU a México para finales de agosto como parte de la aplicación del Protocolo de Protección de Migrantes. Sostiene que Estados Unidos está violando gravemente las normas internacionales de derechos humanos, incluyendo el derecho al asilo y el respeto a la dignidad humana, con una política que niega el debido proceso, detiene a los solicitantes de asilo y migrantes, separa a menores de sus padres y criminaliza a quienes brindan ayuda humanitaria.