NÚMEROS CLAROS
En los últimos años hemos escuchado hablar frecuentemente de bullying en las escuelas, a todos los niveles. Sin embargo, a excepción del caso del profesor de la UNAM, en noviembre de 2013, que fue grabado por los estudiantes cuanto intentaba acosar sexualmente a una alumna, instándole a obtener una calificación aprobatoria a cambio de “besos”, lo que provocó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Departamento Jurídico de la UNAM, de estos casos poco se sabe.
En primer lugar, porque a los estudiantes no les interesa verse involucrados en escándalos, les apena poner al descubierto estos hechos y verse implicados en ellos, debido a que las redes sociales pueden afectar su prestigio como futuros profesionales y exponerlos a nuevos actos de acoso. Además, recordemos las ideas expuestas por algunos políticos en el país, en particular de presidentes municipales de Juárez, León y Guadalajara, por ejemplo, quienes en el pasado acusaron a las mujeres de la violencia sexual por usar ropa que evidencia sus atributos o provoca a los hombres, según ello.
En segundo lugar, porque muchos de los acosadores, hombres o mujeres, haciendo uso del poder que tiene como profesores, amenazan a sus víctimas con reprobarlos o expulsarlos de la universidad si hablan o los acusan con las autoridades. Muchas veces, amparándose en su estatus como profesores, investigadores o administradores dentro de las universidades, sus relaciones dentro de ellas y sus contactos con la clase política; no olvidemos la infalible frase de “Tú no sabes con quién te metes” o “A quién le van a creer a ti o a mi”, por ejemplo.
Al respecto, es común encontrar casos como el de la secundaria técnica “Rafael Ramírez” de Tepeji del Río, donde se dice que “Durante la semana anterior, algunos alumnos de la escuela secundaria técnica 12, “Rafael Ramírez”, de Tepeji del Río fueron dados de baja de la institución, por acumulación de reportes de mala conducta, según el director del plantel, J. Jesús Miranda Vázquez, sin embargo esto sucedió luego de que se descubriera y reportara que un profesor estaba cometiendo abuso sexual y negociando calificaciones con los estudiantes” (Reportera: Beatriz Flores González; junio 2015).
Hay otros casos, como el que se produjo en abril de 2013 en el Centro de Salud de Progreso, Yucatán, donde un Doctor, varios internistas y enfermeras, que habían realizado un convivio en un consultorio, supuestamente para desestresarse, terminaron haciendo una orgía y subiendo fotos y videos a sus redes sociales, lo que pronto provocó una investigación y el despido de todos.
Sin embargo, a no ser por descuidos de quienes realizan actos de acoso o por el valor de quienes son acosados, no siempre se sabe de este tipo de actos dentro de las instituciones de educación superior en México. En algunos países de Europa, e incluso en América Latina, existen leyes que sancionan el acoso sexual en el ámbito universitario, pero no es el caso de México, donde todo queda en recomendaciones y llamados al uso de la ética entre el cuerpo docente de las universidades.
En el Estado de Hidalgo, después que en el 2003 habían expulsado a dos profesores de Inglés por acoso sexual en el Instituto de Ciencias Económico Administrativas (ICEA) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), no se había sabido más de este tipo de hechos.
Sin embargo, recientemente me he enterado de un nuevo caso de acoso sexual dentro del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI), donde un profesor ha intentado coaccionar a una estudiante de la carrera de física a cambio de una nota de nueve, cuyos nombres y hechos evito citar para no incidir en las investigaciones. El profesor, al verse descubierto, amenazó a la alumna con evitar que su hermano, que también estudia en ese instituto y tiene excelentes calificaciones, se titulara si ella le provocaba problemas.
Este tipo de casos, obligan a que la sociedad demande a las autoridades universitarias y a los legisladores del Estado, revisar sus normas respecto al acoso sexual. En el marco de su autonomía, la UAEH está obligada a trabajar en la selección adecuada de sus profesores y a obligarlos a conducirse con ética y de manera profesional.
Pero, a la vez, se hace preciso que los legisladores consideren trabajar en torno a una ley que prevenga y castigue los actos de acoso sexual dentro de los diferentes niveles de educación en el Estado de Hidalgo, considerando que la máxima de que “…lo que no está expresamente prohibido por la ley está permitido”.
Una advertencia no basta para detener a alguien que ha hecho de su posición como profesor, y el poder que le confiere ese puesto frente a los alumnos, el medio para seleccionar sus victimas en cada semestre. Tampoco es suficiente cambiarlo de área, de adscripción, se hace preciso establecer mecanismos legales dentro de la Universidad y del Estado para detenerlo y evitar que siga viviendo en la impunidad.
