Algunos ejemplos
• En algunos países la ley no permite los rescates e incluso se bloquean cuentas de familiares
En otros países, no se penaliza, aunque no se recomienda
A nivel internacional, el secuestro es considerado un delito; sin embargo, tratándose del pago de rescates la situación es menos clara. Hay países donde no está legislado o, como en el caso de Europa, se enfoca en los secuestros cometidos por terroristas o piratas.
Aunque las leyes no impidan el pago de rescates, los gobiernos no lo recomiendan. En algunas naciones está prohibido e incluso se bloquean las cuentas de familiares de las víctimas para evitar que usen el dinero para pagarlos.
En Estados Unidos la ley no prohíbe, en términos generales, el pago de un rescate para liberar a una persona secuestrada o más, pero tampoco lo recomienda ni lo promueve. Lo que sí es un delito es recibir, poseer o disponer.
En España no se prohíbe el pago de rescate por secuestro común, pero la policía recomienda no realizarlo porque no hay garantías de que la víctima vaya a ser liberada, porque un pago puede animar al delincuente a exigir más, incentiva la comisión de estos delitos y contribuye a financiar la operatividad de las bandas. La recomendación es: denunciar el hecho y contactar a la policía.
Los pagos sólo se intentaron restringir con ocasión de los secuestros de tipo terrorista por parte de ETA, pero en la práctica era algo difícil de aplicar porque los familiares alegaban “miedo insuperable” para justificar el pago del rescate y eludir cualquier responsabilidad penal, obstaculizando así cualquier actuación legal.
En Colombia, en 1992 se presentó una iniciativa para combatir los secuestros, en medio de una creciente ola de delitos de este tipo. La llamada Ley 40 o Ley Antisecuestro fue aprobada en enero de 1993 y aumentaba las penas contra los secuestradores hasta a 60 años de prisión, pero su elemento más polémico fue el de prohibir el pago de rescates. No sólo eso, sino que permitía a la fiscalía inventariar y controlar los bienes de secuestrados y familiares para impedir que se utilizaran en el pago de rescates.