La Ley General contra Tortura, en vigor desde 2017, no se aplica en buena parte de México

El gobierno de México ha emprendido medidas para reducir casos de maltrato a detenidos, aunque “queda mucho por hacer para que tortura y otros tratos crueles sean erradicados”, admitió la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Martha Delgado.

Delgado señaló, que en la reciente visita a México de la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se firmó acuerdo para brindar asesoría y asistencia técnica al respecto.

Ante acusaciones de que la Ley General contra la Tortura, que está en vigor desde 2017, no se aplica en buena parte de México, la representante de la Cancillería argumentó “dificultades en materia de coordinación y homologación de políticas” debido a la estructura federal del país con amplia autonomía para cada estado.

Delgado prometió que el gobierno de México trabajará para la adopción general de esta ley como uno de los pilares fundamentales para reducir la tortura y que otra herramienta será “la transición de una Procuraduría General de la República, dependiente del Poder Ejecutivo, a una Fiscalía General [autónoma]”.

En el turno posterior de preguntas, el presidente del Comité contra la Tortura, Jens Modig, recordó que estudios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México informaron de 7 mil 869 denuncias por tortura, en las cuales el perpetrador más frecuente era la misma Procuraduría General.