Tizayuca

    •    Las más de 20 comunidades que pertenecen a este Frente, con presencia en cinco estados, rechazan el que se contamine el aire, agua y tierra en sus regiones 


Integrantes del Frente de Comunidades en Contra de la Incineración, (FCCI), rechazan la modificación aprobada en el Senado de la República, el pasado siete de marzo, en la que los municipios ya pueden incinerar residuos, con lo que ocasionarán problemas sociales, económicos y al medio ambiente.

Los miembros consideran que no se hizo una consulta con expertos del tema, lo que representaría una grave dificultad para las familias que viven cerca de plantas incineradoras y hornos cementeros, además de afectar seriamente al medio ambiente, a la economía y a la sociedad.

Las más de 20 comunidades que pertenecen a este Frente, con presencia en cinco estados, rechazan este permiso para contaminar el aire, el agua y la tierra donde habitan, pues consideran que existen alternativas que se pueden poner en práctica sin causar daño al ambiente y a la gente, con alternativas como planes de “Basura Cero” que son exitosos, sustentables y sostenibles.

Cabe recordar que los integrantes han detenido el proyecto de Valorsum en Tizayuca, ya que la termovalorización como estrategia para el manejo de residuos sólo beneficia a los empresarios y afecta a las comunidades, “privatizan las ganancias y socializan los costos”.

Solicitan que las leyes se revisen a conciencia y abandonen el esquema en el que trabajan, en el cual votan para tomar decisiones por bancada sin un análisis previo.

El FCCI exige al Gobierno Federal buscar salidas para el inconveniente de residuos, verdaderas soluciones; basadas en los principios de economía solidaria, prohibiendo la incineración.

Un claro ejemplo es la región de sacrificio de Atotonilco-Apaxco para entender que la energía que se produce en la incineración no es limpia, ni renovable como aseguran los senadores, además, demandan la salida de GIZ de las políticas ambientales en general y de residuos en particular, porque solamente van encaminadas a poner en riesgo a las comunidades y a la naturaleza.

Finalmente, coincidieron en que es absurdo que en México se quiera promover tecnología que por su peligrosidad está siendo eliminada en Europa y Estados Unidos, “es criminal seguir envenenando a las comunidades, para favorecer a unos cuantos”.