• Una nueva demanda acusa al Partido de los Trabajadores de orquestar las corruptelas del ‘caso Petrobras’
El PT asegura que esta acusación forma parte de “la persecución judicial iniciada contra el expresidente en 2016”. Por su parte, Rousseff protesta porque “jamás fue interrogada por las autoridades sobre las acusaciones que le son hechas”. Sostiene que la decisión del juez se basa “en una clara tentativa de criminalizar al PT”
El Partido de los Trabajadores (PT) se enfrenta a la denuncia más ambiciosa que haya visto en estos últimos y turbulentos años. Un juez de Brasilia imputó a buena parte de su cúpula política, incluyendo a los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, acusada de ser el centro de todas las corruptelas de la petrolera Petrobras.
El PT queda, así, en la denuncia, como principal autor del mayor esquema de desvío y lavado de fondos públicos en la historia reciente de Brasil, el caso Petrobras. Y con tan amplia acusación como base, la denuncia calcula que los imputados recibieron un total de 342 millones de euros en sobornos.
El caso Petrobras se investiga desde hace cuatro años y ha provocado encarcelamientos en todos los partidos políticos veteranos de Brasil, ninguno tan sonado como el de Lula da Silva el pasado abril.
Sobre el expresidente pesan además otros cinco procesos que todavía aguardan sentencia, algunos dentro del caso Petrobras. Esta denuncia sería el sexto proceso, pero uno inusual en tanto que Lula no es el protagonista absoluto. Está también su sucesora en la presidencia, Dilma Rousseff, y la presidenta del PT, Gleisi Hoffman, junto con los principales barones del partido: Antonio Palocci, que fue ministro de Hacienda con Lula (y que, al igual que el expresidente, ya está preso por otras sentencias), y otro ministro de Hacienda, Guido Mantega.
También están Paulo Bernardes y Edinho Silva, ambos exministros de Comunicación de Gobiernos del PT, y João Vaccari Neto, extesorero del partido.
La denuncia fue presentada en septiembre de 2017 por la Fiscalía General y estuvo parada hasta que el Supremo decidió, a principios de mes, que debía seguir en manos del juez Vallisney de Souza.
