NÚMEROS CLAROS
Los daños económicos y sociales de la corrupción son incalculables. No sólo se trata de dinero, tampoco de licitaciones públicas reservadas o concursos de oposición “amañados”; sino de actos de simulación en el ejercicio de las políticas públicas del Estado, las cuales están hundiendo en la pobreza y la frustración a millones de mexicanos.
El nuevo gobierno que terminará de instalarse en México el próximo 1 de diciembre, tendrá el enorme reto, de no de buscar culpables de los actos de corrupción que todos conocen, sino las raíces de la misma para para extirparla. Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI, en septiembre de 2017 señaló que “Al igual que otros organismos internacionales, el FMI define la corrupción pública como el abuso de la función pública para beneficio propio.”; precisando que la “corrupción es un problema complejo en el que participan múltiples actores que operan en la clandestinidad”.
Por primera vez en la historia de México, el combate contra la corrupción puede volverse una política de Estado. Pero la corrupción tiene diversas formas; la corrupción suele relacionarse siempre a cuestiones financieras, pero en realidad está ligada a muchas otras decisiones que no necesariamente tienen que ver con administración de recursos financieros, materiales o tecnológicos, sino a decisiones sobre la vida pública, de las cuales los ciudadanos esperan el respecto de la ley y su manejo transparente.
Por ejemplo, los intentos de poner en marcha un Servicio Civil de Carrera en la Administración pública federal y en la Cámara de Diputados, incluso el Servicio Exterior Mexicano (SEM), han topado con intereses de grupos de poder y de partidos políticos; los cuales han llegado a incidir en las decisiones sobre el otorgamiento de la becas CONACYT en cada sexenio.
Después del nacimiento del Servicio Civil de Carrera en la Administración pública federal, la inmensa mayoría de los profesionales del país perdieron la confianza en la transparencia de los concursos efectuados a través dewww.trabajaen.gob.mx. La mayoría de ellos tenían diferentes etapas y sí al final, alguien que no era el candidato indicado (previamente seleccionado y con el examen resuelto) lograba pasar a la última de ellas, la entrevista, éste era descartado para darle el lugar al elegido.
El SEM adolece de la misma enfermedad y los concursos organizados son cada vez más manipulados por los grupos de poder internos y se distribuyen los puestos de manera discrecional, en el marco de la peor opacidad, imposible de ocultar con los adelantos en las redes sociales, frente a los participantes en los concursos organizados por la Cancillería.
Aunque no pareciera corrupción, cada año CONACYT otorga a la administración pública federal 250 ó 300 becas para funcionarios públicos, a fin de que puedan realizar estudios de posgrado, preferentemente en el extranjero. Con ello, quien controla el gobierno puede formar a sus funcionarios y garantizar su supervivencia en caso de perder el poder.
En ese sentido, la lucha contra la corrupción por el presidente electo será un tema que vigilará todos los ciudadanos, los cuales esperan ver cumplir, por primera vez, esa promesa. Dentro de la administración pública se dirigen y se administran recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, a nombre de toda la sociedad que cede al Estado sus potestades, las de cada individuo que la integra; por lo que los ciudadanos esperan que el Estado no sólo resguarde apropiadamente los bienes públicos colectivos, sino que se administre con eficiencia, eficacia y transparencia esos recursos, a fin de que los servicios que reciben los ciudadanos sean de calidad y se proteja su bienestar.
Pero al final, dentro de la administración pública, a muchos funcionarios no les importa esa responsabilidad del Estado frente a los ciudadanos. La compra de aviones, helicópteros, propiedades a nombre de México para embajadas, importaciones de máquinas y equipos, cambio del parque vehicular de secretarías, reparaciones de los inmuebles del gobierno; todo ello sobrefacturado.
A la vez, dentro de la SEP y en muchas universidades han mostrado su capacidad para usar a los investigadores para atraer recursos públicos de becas PROMEP, para ponerlos a dar dos cursos por el precio de uno. Todo ello, para hacer el arte del robo de recursos públicos y del despojo del trabajo de docentes e investigadores.
Sin olvidar los cargos del consumo familiar de altos funcionarios al presupuesto de la institución, mediante diferentes formas, para mantener intocable el salario. Además del uso de los automóviles de las secretarías o de las embajadas por familiares de secretarios o embajadores; todos constituyen actos de corrupción; sin olvidar el dinero desviado mediante el arte de la contabilidad gubernamental, a cuentas privadas y sin dejar huellas, gracias a algún despacho contable, capaz de hacer la magia y de funcionarios capaces de reeditar las declaraciones patrimoniales, para hacer la riqueza de quienes ostentan el poder con simples sellos y firmas, garantía de su “honestidad” y “esfuerzo” en el trabajo público.
