NÚMEROS CLAROS
Esta semana, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, recortó sus proyecciones de crecimiento para México, situándolas en 2.2%
Una revolución moral y ética comienza a tomar forma en México. En reciente discurso del diputado Mario Delgado en la Cámara de Diputados y su posicionamiento frente al último informe del presidente Enrique Peña Nieto, al menos para quien analizamos el contenido de sus palabras, muestra la forma en que el nuevo gobierno enfrentará la transición entre la crisis económica y social que sufre el país desde hace varios años, invisible para el gobierno actual, y la inauguración de una nueva era de crecimiento económico y desarrollo social.
Esta semana, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recortó sus proyecciones de crecimiento para México, situándolas en 2.2%. Con esa tasa de crecimiento, si se materializa, la economía nacional habrá crecido durante el sexenio en apenas 2.1%, en promedio anual; por debajo de las tasas de crecimiento de los dos gobiernos anteriores del PAN, conducidos por Vicente Fox y Felipe Calderón.
De tal forma que el crecimiento de la economía mexicana durante los 24 años de existencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en proceso de renegociación aún, habrá sido sólo de 2.4%, muy lejos de las tasas superiores al 5% y 7% prometidas por los gobernantes y de las que no hay autocriticas en los informes presidenciales; pues al fin de cuentas engañaron y mintieron a los ciudadanos, quienes en esta recientes elecciones respondieron con su rechazo a los dos partidos que han gobernado a México hasta ahora.
En la oposición, los partidos que durante años han ejercido el poder, a través de sus legisladores, se organizan para hacer oposición. En las dos cámaras del Congreso de la Unión y en las locales, defienden las reformas efímeras aprobadas en 2013, de las cuales hemos dado cuenta de su esterilidad en esta columna, por haberse resumido en terminar de abrir la totalidad de la economía nacional a competencia y a la inversión extranjera, sin que ello haya mejorado el bienestar de los consumidores, debido a las imperfecciones del mercado de los hidrocarburos y a la mala regulación del gobierno de éstos, lo cual se ha traducido en el encarecimiento de las gasolinas y el gas, y como consecuencia, del incremento de la inflación por los costos de producción, reduciendo el poder adquisitivo de los salarios de los hogares.
Mientras que la otra reforma, le educativa, se ha vuelto un tabú y en una tabla salvavidas en las voces de los legisladores de la nueva oposición, que se hunden en el mar del movimiento de regeneración nacional sin argumentos. Aun cuando no lo reconozcan, la reforma educativa no fue sino una reforma laboral encaminada a poner orden dentro del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) que el PRI controló durante décadas y que terminó convirtiéndose en un problema para el propio partido; un sindicato que durante años creció en número de agremiados que jamás estuvieron preparados para ejercer la docencia, pero se convirtió en una fuente de empleo para cumplir compromisos políticos.
Una verdadera reforma educativa implica una acuciosa revisión curricular de las carreras profesionales a todos los niveles. Sí hubiera voluntad de efectuar una verdadera reforma en la educación, habría que pensar en qué es lo que la economía global está demandando hoy como profesionales, para hacer frente a la cuarta revolución industrial en marcha en el mundo; para evitar que los cambios estructurales en la nueva industria provoquen en México un incremento mayor del desempleo, no sólo de fuerza de trabajo no calificada, sino entre los profesionales; cuyas competencia serán obsoletas frente a lo que demanda hoy la nueva industria en países como los Estados Unidos y Europa.
Por otro lado, queda claro que la oposición al nuevo gobierno no sólo está en el Congreso de la Unión, sino también entre la aristocracia administrativa de la administración pública, que se niega a ver afectados sus salarios y prebendas, y en los medios de comunicación, a través de los cuales se expresan quienes admiraron el comportamiento ejemplar del expresidente de Uruguay, “Pepe” Mujica, y ahora cuestionan el comportamiento del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien se resiste a usar el avión presidencial y seguir los pasos de todos los gobernantes del país, ensalzados en las comodidades y extravagancias del ejercicio del poder, cuestionando el cumplimiento de sus promesas.
No hay que dudar de la determinación del nuevo presidente de México. Los medios cuestionaron y criticaron violentamente al presidente Donald Trump durante su campaña, incluso lo hizo desatinadamente la entonces canciller de México Claudia Ruiz Massieu y hoy presidenta del PRI, dudando que pudiera llegar al poder y cumplir sus promesas de campaña; hoy el presidente estadounidense sigue su marcha para cumplirlas y ha dejado prueba de su determinación pese a la tormenta de críticas, errores y visión absurda del comercio internacional.
Por esa razón, habría que mantener un mínimo de credibilidad sobre el compromiso que ha hecho el próximo presidente mexicano con el pueblo y su determinación en cumplir sus compromisos. El nuevo congreso y el ejecutivo entrante parecen estar determinados en dejar de administrar al país y liberar las fuerzas de la economía y la sociedad en los próximos años, pero no para gobernar al margen de los ciudadanos, sino para pasar de la retórica del gobierno a la inclusión de los ciudadanos en el ejercicio del poder y gobernar, por vez primera, para el pueblo.