NÚMEROS CLAROS
• La política de austeridad del nuevo gobierno ha puesto de cabeza a muchas familias mexicanas que han vivido en la opulencia gracias al erario público durante estos años
El miedo a la inoperatividad pretende neutralizar la iniciativa de reforma de la estructura administrativa y salarial en la administración pública. En 1996 se suponía que la descentralización administrativa del gobierno federal debía conducir a adelgazar el gobierno central y aumentar su eficiencia. 22 años después, la mayoría de los Estados han asumido las funciones que centralmente desempeñaba la federación en áreas como la educación y la salud, por ejemplo, pero nuevas plazas fueron creadas dentro de las instituciones del gobierno central, como las miles de directores generales adjuntos (con sueldos desde los 83 mil a los 99 mil pesos) que duplican funciones del director general ( con sueldos desde los 105 mil hasta los 165 mil pesos) y desplazan las de los directores de área (con sueldos desde los 49 mil a los 79 mil pesos); así como la creación de delegaciones estatales.
Más aún, la ingeniosa idea de la burocracia administrativa y de la clase política nacional ha ido más lejos. No sólo se crearon delegaciones del gobierno federal en los Estados con plazas y sueldos idénticos a los de los organismos centrales, sino que algunas instituciones como la secretaría de economía, de desarrollo social, cultura, turismo o en banco nacional de comercio exterior o NAFIN, creación delegaciones o misiones en el exterior, facilitando un “trabajo dorado” y de ensueño a quienes están cerca del poder, en capitales del mundo como París, Madrid, Bruselas o Londres, duplicando las funciones que realizan las embajadas de México alrededor del mundo.
La política de austeridad del nuevo gobierno ha puesto de cabeza a muchas familias mexicanas que han vivido en la opulencia gracias al erario público durante estos años. Autos, viajes, remodelaciones, compras de nuevas casas y apartamentos en el extranjero, seguros, cuentas en dólares, pago de estudios a hijos en las mejores universidades del mundo, negocios, todo ello gracias a los salarios exorbitantes que han recibido directores de área, directores generales adjuntos, directores generales, jefes de unidad, subsecretarios y secretarios de Estado, que han creado una burocracia aristócrata.
Los grupos de presión que se han creado dentro de la administración pública federal han optado por la acción antes que perder sus privilegios. Este fin de semana, un grupo de servidores públicos dio a conocer un documento titulado “Análisis de los lineamientos de combate a la corrupción y aplicación de una política de austeridad republicana”; por supuesto, ninguno de ellos comparte las medidas propuestas por el nuevo presidente; menos aún, ninguno tiene sensibilidad sobre la forma en que sobrevive la mayoría de los mexicanos ni afinidad con las ideas del nuevo gobierno que se está instalando en México, el cual está atentando contra sus intereses y estabilidad económica.
Se trata de una revolución ética, de una revolución en la conciencia de los ciudadanos, a través de los instrumentos del Estado para redefinir las políticas públicas y hay oposición como en todo cambio. El nuevo gobierno se ha comprometido a luchar contra la corrupción y a extirparla de raíz, a llevar los recursos del Estado a quienes por años han estado en el olvido, a los más de 55 millones de pobres que viven en nuestro país; a darles una oportunidad de vida a los millones de desempleados que sobreviven en la economía informal o delinquen para no morir de hambre, muchos de ellos jóvenes; lo cual es sin duda una revolución de conciencias, una revolución ética en un país marcado por las desigualdades.
Durante años, las políticas públicas han sido instrumentos para que la clase política nacional se sirva del poder, para hacer de los recursos del Estado un medio de vida y de enriquecimiento. Jamás nadie pensó en los ciudadanos y sus necesidades, sólo en la mejor forma de mantener el control de ellos, repartiendo una que otra prebenda, dando uno que otro apoyo en especie o dinero como lo han hecho la SEDESOL o SEDATU; bajo la consigna “si no te gusta la pobreza no la veas”, “el dinero viene sólo, no te opongas cuando te lo ofrezcan” o te harán a una lado, “coopera no obstruyas” y tantas frases más que ha acuñado la corrupción en México.
Se ha repetido constantemente que, de acuerdo al Artículo 127 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República sin cumplirse. En el nuevo gobierno que inicia, se ha propuesto que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, gane 108 mil pesos mensuales; no obstante, hoy existen más de 14 mil 182 funcionarios que superan esa cantidad. Pero no sólo eso, existen muchos directores generales adjuntos que ganan más de 82 mil pesos netos al mes y algunos directores de área con sueldos superiores a los 50 mil pesos netos; de tal forma que la pérdida de poder adquisitivo de salarios de ese nivel, resultan una falacia frente a los miserables salarios de 3 mil o 5 mil pesos mensuales de millones de trabajadores.
Finalmente los diputados de MORENA han hecho cumplir una de las primeras promesas del presidente electo. Los diputados han aprobado las reformas necesarias al Artículo 127 de la Constitución y establecido, a través de Ley reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la carta magna, que nadie en la administración pública podrá ganar más que el presidente de la república; con lo cual se reducirá el sueldo a más de 14 mil servidores públicos.
Se movilizan los grupos de poder para dar su batalla de supervivencia. Aunque se ha dicho que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que en 2018 habían sólo 3 mil 600 trabajadores de base y más de 4 mil 500 de confianza que superaban ese tope, la realidad es que no existen trabajadores de base con sueldos superiores a los de un director de área, salvo que hayan ganado en un juicio laboral ese puesto y salario. Un ejemplo de ello, es que en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) sólo hay un trabajador con un sueldo de director de área que es inamovible, después que él ganó un juicio contra la cancillería.
El miedo y la amenaza de amparos, de la caída del gobierno, las demandas y los pagos millonarios por despidos, parecen ser las armas de los grupos del poder que viven de él. Sin embargo, si el gobierno entrante frena el cumplimiento de sus promesas, si no cree en los miles de cuadros que se han formado desde la oposición en estos años, en su capacidad para conducir el nuevo gobierno, combatir la corrupción y administrar con limpieza la hacienda pública; la frustración podrá invadir las expectativas de los ciudadanos depositadas en él, como ocurrió con el gobierno de Vicente Fox. No crea que este sea el momento del miedo ni de la vacilación.