San Salvador
• La historia ocurrió en la comunidad Vixtha de Madero (ahí se rigen por Usos y Costumbres), donde dos jefes de familia no quisieron pagar sus servicios de agua
De acuerdo a las versiones oficiales de las autoridades municipales, el domingo, durante una revisión que se hizo de las tomas del servicio de agua potable, se descubrieron que dos de ellas estaban conectadas a la red de distribución, pero presentaban adeudos de muchos meses
Por no pagar sus servicios de agua potable, dos jefes de familia de la comunidad de Vixtha de Madero, los querían en la cárcel a petición de sus vecinos, sin embargo, la policía los liberó y el conflicto trascendió hasta la alcaldía.
De acuerdo a las versiones oficiales de las autoridades municipales, el domingo, durante una revisión que se hizo de las tomas del servicio de agua potable, se descubrieron que dos de ellas estaban conectadas a la red de distribución, pero presentaban adeudos de muchos meses.
Se trataban de dos domicilios cuyos dueños se han resistido a pagar, a ellos se les había suspendido el servicio, sin embargo se habían conectado a la red sin la autorización del comité que administra el sistema de la comunidad.
Al reclamarles la situación, los propietarios comenzaron a agredir a los pobladores, quienes comenzaron a reñir, por lo que se solicitó la presencia de elementos de seguridad pública, quienes acudieron a auxiliar a los vecinos.
Aunque no había delito qué perseguir, la policía aceptó detener a los dos jefes de familia y resguardarlos para evitar que fueran agredidos, sin embargo, llegando a la Presidencia Municipal, inmediatamente fueron dejados en libertad.
Los vecinos, al arribar a la alcaldía se manifestaron exigiendo a la alcaldesa, América Juárez, una explicación, pues pidieron que las dos personas fueran puestas tras las rejas por las faltas cometidas dentro de la localidad, es decir, no haber pagado su servicio de agua potable.
La Presidencia Municipal explicó ayer que, de haber aceptado la petición de los pobladores, la violación a derechos humanos hubiese sido grave, pues no había delitos, además de que se trataba de un asunto interno de la comunidad, donde persisten Usos y Costumbres como formas de organización.
El conflicto concluyó en la comunidad, donde se trasladó el secretario municipal, Marco Manuel Díaz y el director de Seguridad Pública, Jaime Reyes Abad, donde acordaron brindar asesoría legal a los pobladores para poder permitirles iniciar carpetas de investigación y proceder penalmente contra los dos morosos.