TEMPORAL

A grandes rasgos, la política de redistribución del ingreso ha pasado por dos fases fácilmente identificables en México: el régimen de subsidios generalizados y el régimen de focalización.

Entre los años cincuenta y los años setenta del siglo pasado, se observaron altas tasas de crecimiento económico, principalmente en el sector industrial y en el ámbito urbano. En las ciudades, había una amplia red de subsidios al consumo para toda la población, los cuales se justificaban como una suerte de ingreso indirecto para los trabajadores del sector industrial. En este esquema el sector rural hizo las veces de proveedor de bienes primarios, recursos naturales y humanos de bajo costo, razón por la que también había una amplia red de subsidios al sector agrícola.

La drástica caída en los precios del petróleo en 1982 originó una crisis de deuda pública que llevó al país a una severa recesión económica. Fue entonces que se impuso la visión neoliberal modificando el régimen de subsidios. Esto a pesar de que se habían logrado avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad.

La estrategia para hacer frente a esta situación fue la implementación del Programa Nacional de Solidaridad. Los principios rectores de este programa fueron focalización y participación social. Eran los tiempos en que la pobreza era “un mito genial”. Dichos ejes rectores fueron utilizados por el Programa Progresa. Una característica importante de Progresa fue que la entrega de los recursos entregados directamente a la población objetivo, exigía a cambio el compromiso de invertir en la educación y salud de los miembros de cada familia. Más adelante, el Programa Oportunidades amplia el horizonte del régimen focalizado e incluye apoyos para actividades productivas. Pocos cambios hay en el Programa Prospera de la actual administración federal, para sumar 30 años de similar enfoque.

En su actual conceptualización la política social en México asume que la pobreza y el rezago social se deben a la desigualdad existente en la apropiación de activos, y no a la incapacidad de la economía para generar bienes y servicios para toda la población. En esta concepción dicha desigualdad en buena medida es producto de la inequitativa distribución de capital humano o físico. Entonces, la idea central del régimen focalizado es reducir la brecha de desigualdad en la posesión de activos generadores de ingreso tales como educación, salud, patrimonio o vivienda. Se refiere por tanto a la capacidad de los hogares para generar activos.

Existen sin embargo otras inequidades que constituyen restricciones adicionales para acumular activos. Entre estas se encuentran un creciente déficit en empleo e inversión en capital físico y humano, así como desigualdades en el valor de intercambio de la mano de obra. Es decir, dependen de la estructura de oportunidades disponibles en un área geográfica particular y se vinculan con el desigual desarrollo regional.