•    La creación de las coordinaciones supone la pérdida de especialidad y pericia, afirma Ricardo Rivera


Ante la serie de cambios anunciados por el virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en dentro del tema administrativo, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, pidió un análisis previo antes de su implementación, ya que lo consideró “no idóneo”.
    Refirió que se vive actualmente una intensa discusión por los probables cambios en cuanto a la administración pública, y que uno de los puntos, como un eje central de estos debates se encuentra las propuestas del futuro presidente, quien pretende extinguir a las delegaciones federales de cada dependencia, y en su lugar, se crearán coordinaciones estatales.
    Explicó que cada uno de los coordinadores sería designado por el titular del Ejecutivo federal, además que serviría como un enlace entre los gobernadores y el gobierno federal, y cuyas atribuciones serían las de concentrar las funciones de los delegados federales en un solo funcionario, teniendo consecuentemente funciones administrativas heterogéneas y múltiples.
    Por otro lado, reafirmó el compromiso por parte de la Coparmex, además de la coincidencia en el mejoramiento de la eficiencia y la transparencia del ejercicio de los recursos públicos federales como un desafío para la próxima administración, sin embargo, el representante empresarial pidió un análisis de la desaparición de “muchas de ellas, cuya existencia no se justifica y sus tareas pueden realizarse en colaboración con el gobierno estatal”.
    Además, calificó la designación de los coordinadores estatales por el gobierno federal como “una solución no pertinente”, explicando que este acto supondría una involución en la solidez del sistema federal, y añadió que la concentración del liderazgo de más de 20 dependencias en uno solo también tendrá implicaciones, como la perdida de especialidad y pericia, lo que generaría decisiones erráticas.
    Reiteró la disposición del sector empresarial en el apoyo de la implementación de políticas públicas que contribuyan a la eficiencia, el adelgazamiento del aparato gubernamental y el combate a la corrupción, sin embargo, exhortó a que las estrategias que se adopten se deben analizar de forma cuidadosa y reflexiva en lo jurídico, político y en la conveniencia y sustentabilidad a largo plazo.