Tula de Allende
    •    Congreso del Estado no ha emitido dictamen al respecto 


Sin quedar claro cuál es la situación legal de los tres regidores que en días pasados fueron vinculados a proceso, acusados presuntamente de participar en un asalto a una tienda de la cadena OXXO, ayer al no existir el dictamen del Congreso de Estado,  acudieron y participaron durante la trigésima sesión ordinaria de cabildo.
La sesión se pospuso dos semanas, en espera de que el Congreso del Estado emitiera el dictamen sobre si están impedidos de ejercer sus derechos políticos. Ayer ante la urgencia de la aprobación de varios temas tuvo que ser reanuda.
Sin embargo, casi al inicio de la sesión, que en esta ocasión fue moderada con varios desaciertos por la regidora Gabriela Morales quien se observaba nerviosa; la síndica jurídica, Norma Román Neri dio lectura a un documento, en el que se señala que los regidores Josué Isaac González Hernández, Gustavo Guerrero Sebastián y Juan Francisco Lugo Hernández, con fecha 25 de mayo del presente años, habían sido vinculados a proceso por el delito de asalto equiparado agravado, contra una tienda OXXO, ubicada en San Agustín Tlaxiaca.
“Al ser detenidos faltaron a sus funciones encomendadas en el municipio y que legalmente, al estar vinculados a proceso, están impedidos para hacerlo”.
Recordó que el 30 de mayo, por acuerdo de asamblea se aprobó solicitar la intervención del Congreso del Estado para que de acuerdo a sus atribuciones determinaran si los regidores están suspendidos de sus derechos políticos y así actuar en consecuencia.  
Neri Román dijo que a la fecha no tienen ningún cambio de la situación jurídica de los regidores referidos, acusó que en múltiples ocasiones han acudido al Congreso el Estado para agilizar el trámite y que sólo les dicen que en los próximos días lo subirán a tribuna.
Resaltó que la sindicatura tiene la obligación de velar porque se cumplan las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y que al respecto existe un hecho cierto y conocido de que los regidores aludidos están siendo investigados por un delito.
En respuesta el regidor Josué Isaac González a nombre de sus otros dos compañeros dio lectura a otro documento en el que mencionó que derivado de la causa penal 49/2018 instruida en su contra la juez penal de control adscrita al tercer circuito judicial de Tula de Allende con residencia en Actopan, en audiencia celebrada el 22 de junio decretó su inmediata liberación y la restitución de sus derechos político-electorales, por lo que pidió a sus compañeros se les restituyan sus derechos como asambleístas y se deje de llamar a los suplentes.
En tanto que el regidor José Miguel Rodríguez Dorantes dijo que a los asambleístas no les toca decir si son culpables o inocentes, pero que de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal en su artículo 77 se menciona que la suspensión o mandato de algunos de los miembros del cabildo, será por causas graves, ya sea cuando se dicte auto de formal prisión o vinculación a proceso por algún delito y que de acuerdo a notas periodísticas como jurisprudencia, les permitió saber que los regidores fueron vinculados a proceso.
“Es facultad del Congreso determinar si se les restituyen los derechos políticos electorales, y en ese mismo sentido es el Congreso el que debe resolver la situación de los tres asambleístas”, se pronunció el alcalde Ismael Gadoth Tapia Benítez.
Al final la situación de los regidores no quedó clara y para no postergar más la sesión, se determinó continuar con el orden del día y los regidores en cuestión se mantuvieron en el recinto y votaron los puntos unos a favor, otros en contra y algunos más se abstuvieron.