Boicot magisterial, punto clave de las elecciones
Días intensos los que se han vivido desde la semana pasada en el país, días de definiciones políticas, educativas y electorales unidas por un mismo conductor: la lucha por el poder y la hegemonía nacional entablada entre las fuerzas gobernantes y aquellas que pugnan por ocupar un espacio de acción o de perdida, por no ceder lo que les ha costado tanto ganar.
Lógicamente, el debate electoral tendría que haber sido el tema más importante del momento, sin embargo, fue el enfrentamiento entre el magisterio disidente y el gobierno federal el asunto que acaparó el interés público, haciendo pasar a segundo plano las campañas electorales de todos los partidos, incapaces de atraer la atención de la indolente ciudadanía, cansada de seguir escuchando sus intrascendentes propuestas electorales.
Fue por tal motivo que los maestros opositores a la Reforma Educativa quienes protagonizaron el papel principal en las elecciones, no porque compitieran por alguna diputación, gubernatura o presidencia municipal; sino por su rechazo frontal a la realización de las elecciones como respuesta a la intransigencia oficial de hacer efectiva la evaluación magisterial prevista en dicha Reforma sin cambio alguno, así como su campaña de hostigamiento y hasta violencia ejecutados contra los grupos que la rechazan.
A tal punto fue escalando el impacto social de la lucha de los maestros disidentes, que el gobierno de EPN se vio obligado a ceder en un punto fundamental de la Reforma Educativa: los exámenes de evaluación para la contratación, promoción y permanencia del personal docente, a los que el gobierno federal hubo de declarar “suspendidos indefinidamente” para que los mentores depusieran su intransigencia hacia las elecciones y evitar así su fracaso.
Aunque no conformes del todo, los maestros opositores bajaron la presión contra las elecciones y éstas pudieron celebrarse entonces bajo una imagen de normalidad que los datos posteriores han venido cuestionando; pues a más de los infaltables rituales de mapachería electoral, compra de votos y acarreo de votantes, las elecciones se tiñeron de sangre con el asesinato de varios candidatos a puestos de elección popular y brutales actos de represión postelectoral contra algunos grupos inconformes sobre todo en Guerrero y Oaxaca.
Lo peor de todo para los profes vino después, con la declaración entre soberbia y patética del secretario de educación Emilio Chuayffet, anunciando con voz tronante que los exámenes magisteriales se efectuarían en los tiempos previstos y que la suspensión anunciada apenas el viernes pasado había tenido como razón dotar de computadoras y otros implementos a las sedes estatales donde habrán de efectuarse los exámenes.
La absurda declaración no hizo sino resaltar los tropiezos y torpezas con que se ha conducido en éste y otros casos, provocando una respuesta social tan adversa que obligó al presidente Peña a salir a dar la cara no a los maestros a los que Chuayffet anunció que la “suspensión quedaba suspendida”, sino a los poderes fácticos que exigieron a Pena Nieto dar marcha atrás en la suspensión de los exámenes.
Nos referimos, como usted sabe, a los empresarios; quienes en este sexenio han obtenido tal influencia política y social que, a diferencia de los maestros -a quienes se les reprime, aprende y hasta se asesina-, son obsequiados casi al instante en sus exigencias legítimas e ilegítimas y frente a los cuales, el presidente reafirmó lo comunicado por su secretario de educación.
Lejos de solucionar el conflicto, la falta de seriedad en esta decisión no hará más que exacerbarlo, pues los maestros han podido insertar en la esfera de la discusión pública la verdadera dimensión de la evaluación a las que se les intenta someter sin escuchar sus razones. A pesar de la campaña mediática en su contra, está visto que la Reforma Educativa difícilmente podrá ser puesta en marcha si no se revisa tanto en su forma como su fondo, como lo han venido recomendando un creciente número de especialistas en educación reconociendo la razón que asiste a los docentes.
La campaña que vienen realizando algunos personajes del sector oficial para desacreditar a los profesores opositores alcanza ya extremos autoritarios; se barrunta en el horizonte una posible solución violenta, pues lejos de promover el diálogo para la solución de problemas, los políticos recurren a la descalificación no solo gremial, sino hasta personal, social e intelectual de los profesores disidentes
En aras de la equidad, los medios de comunicación tienen que dar cabida, en igualdad de tiempo y espacios a los maestros disidentes; a fin de que la opinión pública valore sus razones porque nadie que sale a las calles a protestar lo hace por gusto, sino por una necesidad que en ocasiones se vuelve angustiante y generadora de actitudes negativas aconsejadas por la desesperación. El estado y sus integrantes están para dar respuestas incluyentes y no para descalificar y reprimir a las demandas sociales.
No debería, sin embargo, escapar a atención de los maestros disidentes la necesidad de revisar la validez de las decisiones y las acciones en las que incurrieron durante las elecciones; pues como se ha visto, el gobierno pudo dar marcha atrás cuando vio asegurados sus resultados; porque a pesar de los actos violentos en que los maestros disidentes incurrieron en algunos estados, los votantes sufragaron y son sus votos los que ahora esgrime el gobierno federal para echarse atrás en sus acuerdos con aquellos. Ahora, los maestros vuelven a estar nuevamente donde habían comenzado, porque en la política el ‘todo o nada’ rara vez funciona y apostar por ellos, pocas veces conduce al éxito de ninguna lucha.