Tula de Allende
• Son los regidores que fueron vinculados a proceso, por presuntamente haber infringido la Ley
De acuerdo a la Ley Orgánica Municipal será el Congreso del Estado quien dé seguimiento a la solicitud de licencia de los tres regidores que en días pasados fueron vinculados a proceso.
Durante la sesión ordinaria de cabildo la síndica jurídica, Norma Román Neri hizo del conocimiento a los miembros del cabildo que los regidores Josué Isaac González Hernández, Gustavo Guerrero Sebastián y Juan Francisco Lugo, mediante oficio que ingresaron el pasado 21 de mayo, solicitaron licencia al cargo, por tiempo indefinido, por asuntos personales.
La síndica puntualizó que un familiar de los antes mencionados llegó a su oficina el pasado 21 de mayo a las 16:45, cuando ya no era horario de oficina y le exigieron recibiera los documentos y que incluso, para que evitar que lo hiciera, colocaron una unidad detrás de la de ella, lo que la obligó a recibir los oficios.
Al respecto, el regidor José Miguel Rodríguez Dorantes dijo que había que atender la solicitud de sus compañeros de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal en sus artículos 77 y 78, que establece que el asunto ya no era competencia de la Asamblea Municipal, toda vez que cuando un funcionario público es vinculado a proceso, como es el caso de los tres munícipes, el Congreso Local es quien debe dar seguimiento al proceso, posicionamiento, con el que coincidió Marcos Reyes, por lo que el caso fue turnado al Congreso del estado de Hidalgo.
Al término de la sesión el alcalde, Ismael Gadoth Tapia Benítez, en entrevista con medios de comunicación, dijo que una vez que el Congreso tomó conocimiento de los hechos, será el que resuelva y terminará por llamar a los suplentes, con la finalidad de integrarlos al trabajo de la Asamblea Municipal de Tula.
Tapia Benítez, al fijar su postura en la situación que ha sido reprobada por la ciudadanía, puntualizó: “es un acto totalmente personalísimo. Como ciudadanos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones”.
Recordó que como Cabildo fueron los primero en aprobar el desafuero y que se hizo precisamente para asumir responsabilidades de manera directa.
Agregó: “Más allá de la responsabilidad que se tiene como Ayuntamiento, nos hemos manifestado por el respeto al proceso, pero también de solicitud que se aclare hasta las últimas consecuencias para poderle dar certeza y seguridad a quienes hoy les toca representar que son los ciudadanos”, insistió que es un acto personalísimo y que cada uno es responsable de sus propios actos y que si se infringe la ley también se tendrán consecuencias.
