CONCIENCIA CIUDADANA
Dos procesos han terminado por confluir por razones que van más allá de sus propias dinámicas: las elecciones del próximo domingo y la reforma educativa. El operador de tal combinación ha sido la incapacidad del poder público para implementar su proyectos acatando las normas constitucionales de la planeación democrática, que obligan al estado y sus autoridades a planear y desarrollar sus objetivos, programas y estrategias bajo los principios de equidad, transparencia e inclusión.
El gobierno de Enrique Peña Nieto consideró, aún antes de acceder al poder, que contaba con la capacidad y el apoyo social necesario para cumplir el cometido por el cual fue llevado a la presidencia de la república. El nuevo presidente parecía el personaje idóneo para los propósitos de la élite del país por su capacidad de negociación política, por su cercanía con los grupos económicos más poderosos y haber aglutinado en torno suyo al viejo y el nuevo priísmo en sus anhelos de retornar al poder.
En sus primeros dos años de gobierno, Peña pareció cumplir las expectativas de sus promotores. El primer paso de su estrategia fue consolidar una alianza política con la derecha y la izquierda políticas mediante la llamada “Alianza por México” Con ella, el PAN y el PRD, los enemigos tradicionales del PRI se asociaban con éste con el propósito de llevar a cabo las reformas estructurales que los gobiernos panistas habían sido incapaces de implementar. El pacto funcionó con tal eficacia, que las reformas anheladas no se hicieron esperar y Peña pudo mostrarse, ante México y el mundo como el líder del nuevo México que ingresaba plenamente al club de los países más desarrollados del planeta.
Sin embargo, en aquel entusiasmo que embargaba a toda la clase política, quien veía un futuro promisorio por delante sin oposición de importancia a sus planes, había algo que no funcionaba. Para algunas voces, el pacto político, sin dejar de ser una medida inteligente, no podía avanzar exitosamente sin el correspondiente pacto que la clase política en general y el presidente en particular adeudaba a la sociedad mexicana. La sociedad civil, el pueblo llano, los sectores medios y bajos fue el invitado de palo de las reformas, sin derecho a ser escuchado en sus demandas, expectativas y esperanzas.
Rodeada de sus expertos, asesorada por las agencias internacionales, impelida por las fuerzas del dinero, la clase política se negó olímpicamente a reconocer la legitimidad de las voces de quienes no compartían sus objetivos y su agenda y así las reformas fueron aprobadas irremisiblemente una tras otra, a veces con actos escenográficos de resistencia legislativa, pero, al final de cuentas, con la aceptación de todas las fuerzas “políticamente correctas” del tinglado. Pero la realidad es necia, y como dijera Copérnico, a pesar de todo, se mueve, y no puede esperarse de quien sembró vientos recoja otra cosa que tempestades.
Y es así que llegó el momento, en que los procesos y los tiempos que debieran marchar por separado terminaron por fundirse. Se trata del ajuste de cuentas no solo entre quienes impusieron su autoridad y quienes consideran que ha llegado el momento de cobrar la marginación, el desdén y la soberbia de los primeros; sino también de una confrontación entre una forma de entender el ejercicio con otra que la rechaza. La expresión más explosiva de este choque se está dando entre el campo educativo y el proceso electoral, donde el cúmulo de decisiones tomadas unilateralmente desde el poder ha enfrentado la más consistente y permanente resistencia social opuesta a la reforma en materia educativa.
La acción de los grupos opositores, especialmente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fue combatida tras de la aprobación de la reforma educativa con saña y autoritarismo digno de los viejos tiempos de Gustavo Díaz Ordaz y Echeverría sin lograr, no obstante, aniquilarla o desmantelar su poder de convocatoria entre los sectores marginados del magisterio, especialmente en las zonas indígenas de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, sin descontar a otros estados más.
La resistencia magisterial se centró, en los últimos días, en la evaluación de ingreso, selección y permanencia elaborados por grupos de expertos y funcionarios de la secretaría de educación pública (SEP), bajo criterios empresariales y de agencias internacionales; del cual fueron marginados los profesores. Al final de cuentas, la evaluación presentaba contradicciones tan severas que la oposición a su implantación fue ganando a sectores cada vez más amplios del magisterio.
El crimen de Iguala, efectuado contra los estudiantes normalistas de Iguala, renovó el impulso de la lucha contra la reforma educativa al integrar a sectores sociales más amplios a la lucha magisterial, radicalizándola en el plano político al exigir la anulación de las elecciones en el estado de Guerrero. La demanda se extendió luego a los estados de Oaxaca y Veracruz y el Distrito Federal.
A pesar de que el gobierno intentó minusvaluar el impacto de esas acciones sobre las elecciones del próximo domingo, sorpresivamente, el viernes pasado fue el propio gobierno federal quien, tras arduas negociaciones con integrantes de la CNTE anunció la suspensión indefinida de los exámenes de evaluación magisterial que, siendo el instrumento operativo más importante de la reforma educativa supone en los hechos, la suspensión de la misma.
Por su parte, los empresarios -verdaderos ideólogos de la reforma aprobada-, han alzado la voz exigiendo al presidente echar para atrás la suspensión ordenada, evidenciando el particular interés que les mueve a imponer la evaluación magisterial bajo los criterios y fines que a su real saber y entender han de guiar su tarea los docentes.
El conflicto ha estallado pues, en en el momento en que la clase política se apresta a ser legitimada por el voto ciudadano, tras un proceso electoral en el que ha demostrado más que nunca su falta real de proyecto nacional, lo que no le impide seguir pidiendo a los votantes escoger entre cualquiera de las opciones partidistas, como si las votaciones no fueran el medio para saldar las cuentas pendientes con el sistema político, aún con el boicot electoral, al que la ciudadanía tiene pleno derecho, a pesar de que la prudencia o el temor (según se mire) le aconseje no llegar a ese extremo.