•    El Estado se comprometió en 2003 a mantener en secreto por 50 años los testimonios de las víctimas y, por lo tanto, los tribunales no tienen acceso a esos relatos


El sábado 10 de marzo, el día antes de que la expresidenta Michelle Bachelet entregara el poder a la derecha de Sebastián Piñera, su subsecretaria de derechos humanos, Lorena Fríes, realizó una denuncia ante la Justicia para que se investiguen unos 30 mil casos de torturados que entregaron su testimonio ante la Comisión Valech, una instancia creada durante el mandato de Ricardo Lagos (2000-2006) y que documentó los abusos y prisión política contra miles de chilenos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El Estado en ese momento se había comprometido ante las víctimas a mantener el secreto por 50 años, pero en el último tiempo este acuerdo fue criticado por determinados sectores ligados a los derechos humanos y por el propio Gobierno de Bachelet (2014-2018), que en septiembre pasado solicitó al Congreso la discusión de un proyecto legislativo para revelar los testimonios.
La denuncia de Fríes recayó en el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dedicado a investigar las violaciones a los derechos humanos en la zona centro del país.
A cargo de conocer la verdad judicial de las muertes del expresidente Salvador Allende y el poeta Pablo Neruda, entre otras de alta connotación, el magistrado decidió no rechazarla y darle curso, es decir, investigará los 30 mil casos.
El secreto de los testimonios deberá resolverlo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, una corporación que no depende del Poder Ejecutivo, autónoma e independiente. Cuando Carroza pida la información, será este organismo el que decida si los entregará totalmente, solo los nombres de las víctimas o si tomarán una definición caso a caso.