CASO INMOBILIARIA SYLMA
• Afirma que desde 2015, Leonardo García ha mantenido una campaña de difamación contra su empresa
“La constructora Sylma es sólo de mi propiedad y de mi hermana María de los Ángeles, mi hermano Marco no es accionista ni socio, no puede existir conflicto de intereses entre mi empresa y mi hermano dado que cuando se autorizó el fraccionamiento Esmeralda, él no ostentaba ningún cargo”, puntualizó, Silvia Rico Moreno, presidenta de la inmobiliaria.
Lo anterior en conferencia de prensa ofrecida con la finalidad de dar a conocer la verdad, dijo, y “en salvaguarda de mi prestigio que me he ganado durante más de 18 años”; pues detalló que “desde el 2015 Leonardo García Vázquez, ha venido desarrollando una campaña de difamación contra la empresa con acusaciones que no tienen fundamento”.
Agregó, “él afirma que su domicilio sufrió daños por las lluvias atípicas registradas el 28 de junio y que no ha recibido indemnización, cabe aclarar que el inmueble afectado, no es de su propiedad pertenece a otra persona llamada Rafael Ávila Del Ángel, quien compró a constructora Sylma, con escritura pública número 60348 y fecha de 17 de octubre de 2014”.
En ese sentido, detalló que la compañía de seguros pagó 85 mil 856 por concepto de reparación del daño, cantidad que fue recibida por el dueño; no obstante, “Leonardo ha continuado desde ese año con una campaña de acoso y difamación”.
Silvia Rico Moreno, precisó que en diversas ocasiones buscaron tener contacto con el quejoso para “tratar de entender la naturaleza de su reclamo, pero respondió colocando mantas con afirmaciones falsas en puntos de venta, a la entrada del fraccionamiento, para persuadir a probables compradores”.
A razón de ello enfatizó que tomó la decisión de entablar una demanda judicial, pues desconocen la razón de su reclamo, toda vez que el daño ya fue resarcido, además de que no es el dueño legítimo del inmueble.
Sentenció que ésta demanda por difamación no atenta contra la libertad de expresión, “todos tenemos la libertad de expresarnos pero no de calumniar, desde el 2015, ésta es la única queja permanente y no tiene propiedad ni argumento”.
Por lo anterior, apuntó, que este proceso se inició desde principios del 2017 y continúa hasta hoy, “el proceso sigue, vamos a esperar los tiempos, seré respetuosa de lo que manejen las autoridades”.
En tanto, la presidenta de la constructora Sylma subrayó que no existe conflicto de intereses, pues, “nunca ha recibido contrato de obra pública por parte de algún gobierno municipal, estatal o federal”.
Además, “mis hermanos ya tenían empresas consolidadas, mucho antes de aceptar cargos estatales, cada quien maneja sus cuestiones profesionales y de cargos, no puede existir conflicto de interés porque no me han otorgado un permiso”, remató.
