CIUDAD DE MÉXICO
Ante la participación de los jóvenes en los grupos criminales que operan en el país, la Procuraduría General de la República (PGR), puso sobre la mesa la posibilidad de desarrollar mecanismos de protección para su reinserción, que incluye un programa de testigos con el objetivo de desvincularlos de la delincuencia, como ofensores o como víctimas.
“Si nos aproximamos como víctimas; es decir, si reconocemos que en la relación entre la delincuencia organizada y los jóvenes hay explotación, quizá sólo por la condición de ser menores, tendríamos como estado entonces que desarrollar un sistema de protección para desmovilizarlos de la delincuencia organizada.
“No sólo con programas de reinserción, sino de protección, y me refiero tal cual: Protección en el sentido de protección de testigos, pero protección también en el aislamiento y retiro de estas personas de forma que no corran riesgo a manos de la delincuencia”, afirmó el director de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Pablo Vázquez Camacho.
Al participar en el foro Delincuencia Juvenil, el funcionario consideró que los esfuerzos de prevención deberían enfocarse en aquellos jóvenes que se encuentran en mayor riesgo de unirse a las filas del crimen organizado, “con estrategias basadas en evidencias, necesitamos que el mandato de la prevención se acote a desmovilizar a estos grupos”.
“La pregunta es si nos pronunciamos por menos prisiones o por más refugios, o nos pronunciamos por edades más bajas y prisión preventiva para el encarcelamiento de los adolescentes”.
En el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Vázquez Camacho reveló que cerca de 300 mil adolescentes hombres que ni estudian y ni trabajan, conocidos como ninis, están en riesgo de ser seducidos por la delincuencia, en los estados que registran mayores tasas de homicidios dolosos, como Guerrero, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa y Veracruz.
Expuso que cuando los criminales intensifican su actividad violenta empiezan a reclutar a más gente, para las labores de halconeo, sicariato y resguardo de casas de seguridad.
Indicó que un estudio del Banco Mundial sobre los peores años de violencia en la administración pasada, 2010 y 2011, respectivamente, reveló que por “cada aumento de 1% en la tasa de jóvenes que ni estudian y ni trabajan, se encontraba una correlación efectiva de 2.5% de incremento de violencia homicida”.
Por ello, Vázquez Camacho consideró importante identificar el momento en que los cárteles estén en situaciones de mayor conflicto, para evitar el reclutamiento de mano de obra joven.
“[En los] datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo vemos que en el país hay 4.1 millones de ninis, de esos la inmensa mayoría son mujeres, sabemos que el problema de la violencia homicida es masculino, entonces estaríamos hablando de menos de un millón de hombres ninis en el país… de esos no más de 300 mil personas”, refirió.
En la mesa Status Nacional de los Adolescentes en Conflicto con la Ley en México, el funcionario comentó que en las zonas del país donde ha proliferado el robo de combustible, como Puebla y Veracruz, los jóvenes son utilizados por los grupos criminales para halconeo y como escudos humanos, con una paga de entre 10 y 15 mil pesos al mes.
Afirmó que la Procuraduría General de la República busca trabajar con los jóvenes en los estados más violentos, a través del programa Repensar, porque es donde existe más riesgo de que pasen a formar parte de las filas de las organizaciones criminales.
El director de la organización Cauce Ciudadano, Carlos Santiago Cruz, afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) calcula que al menos 500 mil personas trabajan en México para el crimen organizado, de las cuales entre 35 mil y 50 mil son jóvenes.
“Con lo que estamos viendo, creemos que son más, hay personas involucradas de menor edad, además el patrón cambió porque antes eran sólo hombres y ahora vemos más mujeres, se reducen las edades”, precisó.
Santiago Cruz comentó que antes los jóvenes trabajaban como “halcones y ahora ya vemos chicos de 12 y 13 años de edad en la línea de fuego de los cárteles”.
La directora de la Agencia Internacional de Desarrollo de la Embajada de Estados Unidos en México, Elizabeth Warfield, afirmó que en promedio 60% de los jóvenes en el país en conflicto con la ley que reincidieron en la comisión de algún delito, no recibieron ningún tipo de tratamiento por parte de las autoridades especializadas.
Esto contrasta, aseguró durante su participación en el foro, con el trabajo que realizan organizaciones de la sociedad civil, las cuales logran que grupos de jóvenes tengan una efectiva reinserción social.
“En el último año 193 jóvenes con los que Reinserta ha trabajado en su programa, ninguno ha reincidido, el tiempo que lleva en marcha dicho proyecto tiene un promedio de menos de 10% de jóvenes que vuelven a delinquir, comparado con alrededor del 60% en el índice de jóvenes que no reciben ningún tipo de tratamiento”, resaltó Elizabeth Warfield.
