Durante la segunda ronda del Cuarto Coloquio Sobre Pueblos Indígenas organizado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), el director del Instituto Federal de Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Mario Alberto Torres López, determinó que se tiene un déficit de defensores públicos para atender a la población indígena y ofrecer una atención adecuada.

    El magistrado aseguró que existen más de 364 lenguas indígenas y sus derivadas, por lo que reconoció que existe una falta de defensores que cubran estas lenguas y ofrecer una atención integral a este grupo, declaró que a pesar que existe un bajo índice de indígenas involucrados en procesos penales, hay ocasiones en que no se les puede ayudar por no conocer los usos y costumbres, siendo procesados de forma injusta.

En primer lugar, mencionó que la función primordial de un defensor público es el de ofrecer orientación a personas que se encuentran en proceso penal por delitos del fuero federal, sin embargo muchas veces hay casos que involucran a personas de origen indígena, ya sea por cuestiones de usos y costumbres o por desconocimiento de las leyes en razón del grado de marginación de la comunidad en la que vive.

    Ejemplificó que tuvo casos en que los indígenas fueron acusados por portación ilegal de armas, delitos contra la salud y transporte ilegal de pirotecnia, en la que mediante defensores se les interpretó el proceso legal en su lengua materna y se aportaron pruebas anteponiendo los usos y costumbres de sus comunidades e invocando el artículo segundo constitucional, para finalmente ser exculpados.