CONCIENCIA CIUDADANA
• El ciudadano mexicano creyó algún día en el llamado “juego electoral” hasta que cayó en la cuenta que se trata de un juego donde todos ganan menos él. Años de ver como los partidos políticos pasaban de las promesas del cambio a negocios redondos en manos de elites convertidas en mafias y hasta grupos delincuenciales
En verdad resulta difícil pensar que las elecciones del 2018 serán una “fiesta de la democracia” como acostumbraba calificar en el pasado la publicidad oficial a los comicios electorales, reforzando en la imaginación ciudadana la confianza en que el sistema político basado en la libre competencia entre partidos y candidatos era la base de la renovación de los poderes del estado y el desarrollo de un sistema democrático no sólo político, sino social y económico.
Esos tiempos quedaron atrás y no por causa de la ciudadanía, sino de los propios actores políticos, autoridades administrativas y las propias instancias electorales que entraron desde hace mucho tiempo en un proceso de deterioro que finalmente ha puesto su credibilidad en los porcentajes más bajos de la historia.
El ciudadano mexicano creyó algún día en el llamado “juego electoral” hasta que cayó en la cuenta que se trata de un juego donde todos ganan menos él. Años de ver como los partidos políticos pasaban de las promesas del cambio a negocios redondos en manos de elites convertidas en mafias y hasta grupos delincuenciales; de elecciones a cual más tramposas y sucias donde las autoridades electorales lejos de meter al orden a los contrincantes políticos terminaron por convertirse en abiertos operadores de los poderes fácticos; de personajes políticos patéticos que para convencer de sus buenos propósitos necesitan apoyarse en fortunas millonarias destinadas a persuadir a una ciudadanía que los rechaza crecientemente; de comprobar cómo el poder del dinero se inmiscuye en las elecciones apoyando a los partidos y candidatos comprometidos con sus intereses y de persistentes y descarados fraudes electorales legitimados con la ley en la mano han terminado por conducir a los votantes a sentimientos encontrados que oscilan entre la indignación y la apatía que, paradójicamente, termina por beneficiar a quienes los han alejado de la participación electoral.
En esas condiciones, no se perciben sin embargo, señales fehacientes que permitan pensar que existe una seria disposición de la clase política gobernante por cambiar de rumbo a fin de evitar que suceda una catástrofe que ponga en peligro el futuro de la nación. Como si nada pasara a su alrededor, ellos van dejando señales de que el 2018 podría ser el más corrompido proceso electoral de la historia.
El foco de mayor conflicto posible para la confianza en las elecciones del año próximo se centra paradójicamente en las elecciones presidenciales del 2012, de las que poco a poco van surgiendo evidencias que relacionan el triunfo del actual presidente con el descrédito de algunos de sus más entusiastas apoyos en aquel año; señalados desde entonces como acarreadores de fuertes recursos financieros a la campaña presidencial, gracias a los cuales el licenciado Peña Nieto pudo imponerse –que no vencer- la candidatura de su más cercano contrincante Andrés Manuel López Obrador.
Dos de los casos que alcanzan ya proporciones de escándalo internacional y que pudieran hacer gravitar la atención hacia la propia figura del actual presidente son los de Odebrecht y su relación con el encargado de asuntos internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto Emilio Lozoya y el de los hermanos Humberto y Rubén Moreira que hicieron del gobierno de Coahuila patrimonio familiar durante doce años, los cuales han sido señalados en los Estados Unidos por posible relación delictiva con narcotraficantes que hicieron del estado norteño un verdadero coto de poder durante la estancia de los Moreira en Palacio de Gobierno. Al igual de Lozoya, es de público conocimiento la estrecha relación del entonces candidato priísta a la presidencia de la república en 2012 con los hermanos Moreira, uno de los cuales fue incluso presidente del partido tricolor hasta que el escándalo le llegó a los talones y Peña Nieto tuvo que separarlo del primer círculo de su equipo.
En el caso Odebrecht-Lozoya, la justicia mexicana fue expedita para brindarle un oportuno amparo que lo mantiene por el momento alejado de la suerte que han corrido grandes personajes en otros países, quienes por similares acusaciones de soborno de la empresa Odebrecht para lograr contratos de obra han perdido sus cargos públicos y hasta condenados a permanecer tras las rejas durante largos años; destino que se antoja imposible de alcanzar en México, donde la casta gobernante aún goza de una impunidad a toda prueba que impide ser alcanzada siquiera con el pétalo de una investigación.
No ocurre lo mismo con los hermanos Moreira, quienes de ser llevados ante los tribunales tendrían que esperar a que las autoridades judiciales norteamericanas decidan su situación legal, pues en aquél país, pese a todo, difícilmente podrían extraerse de la acción de la justicia.
Lo delicado del asunto es que la comprobación de los delitos a los que se le imputan a Humberto Moreira podrían alcanzar la figura presidencial, debido a la unidad de propósitos políticos compartidos con el presidente Enrique Peña Nieto, dada la dificultad de que éste meta las manos para frenar o desviar las investigación en los Estados Unidos. Una vez ya le ayudó en España, donde demostró que las buenas relaciones con gobernantes que han promovido la inversión en México pueden abrir rejas fácilmente; pero ante una corte texana, sería difícil que vuelva a repetirse la suerte de Moreira.
El poder que tiene la presidencia de la república para impedir que casos como los de Lozoya y los Moreira lleguen a afectar la figura de su titular hace casi imposible que éste ser llamado siquiera a una declaración, mucho menos ser objeto de una acusación que le impute alguna responsabilidad directa sobre delitos electorales como los que han dado pábulo a las acusaciones contra aquellos personajes. Por si fuera poco, el gobierno y su partido han sabido maniobrar hábilmente para impedir el nombramiento de un nuevo fiscal para delitos especiales luego de que el anterior renunciara tras denunciar públicamente presiones de Lozoya para dejar de ser investigado.
Esta impunidad puede ser celebrada por quienes siguen creyendo que la paz en México pasa por mantener a los encargados del ejecutivo fuera del alcance de la ley en materia de delitos electorales; convirtiéndolos en el gran elector del país, capaces de llevar al poder “haiga sido como haiga sido” a sus propios sucesores y a otros cargos y representaciones importantes para la vida política nacional. Sin embargo, este poder ilegítimo ha terminado por sumir a la nación en el estado en que se encuentra, provocando en gran medida por los acuerdos y componendas que los gobernantes elegidos tienen que pagar a sus patrocinadores legales e ilegales, como lo demuestran los casos de Lozoya y los hermanos Moreira. Se trata de un modelo que no da ya para más y que desde ahora está determinando en gran medida lo que podría suceder en las elecciones del año entrante si se persiste en seguir utilizándolo como el factor clave para determinar las elecciones. Un panorama nada halagador para la democracia ni la paz pública.
Y RECUERDEN QUE VIVOS SE LOS LLEVARON Y VIVOS LOS QUEREMOS CON NOSOTROS.