CONCIENCIA CIUDADANA
Finalmente, no podrá haber elecciones libres, equitativas y democráticas en nuestro país mientras los órganos de procuración e impartición de justicia dependan de una u otra manera del ejecutivo federal y los ejecutivos estatales quienes cuentan con los mecanismos y los recursos necesarios para imponer a sus allegados como magistrados, ministros, jueces, procuradores o ministerios públicos.
Nos acercamos rápidamente a la sucesión presidencial, que acelera el pulso nacional y pone al rojo vivo las pasiones y ambiciones personales y sociales. Pero la que se avecina no es un cambio de estafeta más. A lo largo de los años, la confrontación entre las fuerzas hegemónicas y sus antagonistas ha ido ahondando la división entre los mexicanos al punto de encontrarse hoy en día más confrontados que nunca.
Lejos de haber generado un sistema auténticamente democrático, las reformas electorales del pasado no han hecho más que retrasar su aparición haciendo más difícil la posibilidad de que el país transite hacia una democrática moderna.
En los hechos, el sistema electoral no ha hecho sino reforzar la estructura general de poder vigente desde hace más de 70 años. Ninguna de las fuerzas reales que constituyeron el estado mexicano ha desaparecido desde entonces, ni dejado de desempeñar la función para la que fueron creadas. A lo mucho, sólo han modificado sus formas y procedimientos pero sin permitir que nadie intente su desaparición a menos de atenerse a terribles consecuencias. Tres de las más importantes son: 1) el control corporativo de los trabajadores; 2) el presidencialismo mexicano y 3) La falta de un sistema auténtico de justicia.
A pesar de que las leyes lo prohíben, los trabajadores mexicanos afiliados a sindicatos y centrales obreras corporativas priístas siguen siendo presionados y manipulados en las votaciones bajo la amenaza del despido, la violencia o la marginación en sus centros de trabajo. Lejos de terminar con el corporativismo sindical Fox y Calderón lo consolidaron, haciendo patente que no sólo beneficia al PRI y sus mafias sindicales, sino a los empresarios voraces a los que el PAN representa.
Cabe recordar el acuerdo entre Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo, por medio del cual la entonces líder del SNTE movilizó millones de votos de maestros a favor de la candidatura del panista. Así pues, mientras se mantenga el control corporativo de los trabajadores, por más reformas políticas que se aprueben, no existirá una auténtica democracia en México y los obreros, maestros o empleados públicos y privados seguirán siendo utilizados como clientelas políticas por quienes controlan los contratos de trabajo en beneficio de sus intereses antisociales.
El presidencialismo, es quizá el vicio más arraigado de nuestra vida política a lo largo de la historia. En México las elecciones como la economía, las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad, el poder judicial y la procuración de justicia, el presupuesto nacional y los derechos humanos y hasta actividades privadas como los grandes negocios o los medios de comunicación se encuentran sometidas a las decisiones y hasta a los caprichos del presidente de la república.
Lo que es peor, este sistema autocrático se reproduce tantas veces como estados de la república existen, pues en cada uno de ellos los gobernadores concentran los poderes locales de la misma forma que lo hacen los presidentes de la república a nivel nacional, formando pequeños donde la división de poderes, el municipio libre o las instituciones electorales son solo autónomas de nombre y las elecciones una enfrentamiento entre los intereses de los gobernantes con el resto de la sociedad.
Finalmente, no podrá haber elecciones libres, equitativas y democráticas en nuestro país mientras los órganos de procuración e impartición de justicia dependan de una u otra manera del ejecutivo federal y los ejecutivos estatales quienes cuentan con los mecanismos y los recursos necesarios para imponer a sus allegados como magistrados, ministros, jueces, procuradores o ministerios públicos.
El presidente o los gobernadores son quienes presentan a los candidatos a ocupar los puestos de magistrados o procuradores mientras que las diputaciones (generalmente controladas por el partido gobernante) se limitan a escoger uno entre los indicados sin poder proponer otros candidatos. De esa manera, aunque indirectamente, el ejecutivo sigue siendo el verdadero elector de los magistrados, jueces y ministerios públicos o fiscales.
Un ejemplo inmediato de que los presidentes disponen a su antojo en el terreno de la justicia lo ha protagonizado en los últimos días el presidente Peña Nieto, quien por un lado intentó que el pasado procurador general de la república fuera nombrado como primer fiscal autónomo por nueve años; como la destitución del fiscal especial para delitos electorales actual quien tras de hacer pública la presión a la que asegura ha sido sometido por el ex director general de PEMEX, Emilio Lozoya, para frenar las investigaciones de las que es objeto en relación con dinero obtenido por favores a la empresa Odebrecht, presuntamente canalizado al PRI durante las elecciones presidenciales de 2012; lo que provocó que fuera cesado fulminantemente de su cargo sin oportunidad de defenderse ante el Senado de la República. No está por demás aclarar que ese despido no podría haberse dado sin recibir instrucciones del propio presidente de la república, jefe directo del Procurador de la República.
No obstante, el aparato de control político comienza a hacer agua, debido a las enormes contradicciones e intereses en juego con la sucesión presidencial, que tensan al límite sus mecanismos de control. Los partidos se enfrentan unos a otros mientras sus propias estructuras se cimbran por los pleitos internos y las presiones externas a las que son sometidos. La presidencia de la república se encuentra a un paso de entrar al campo de las acusaciones directas, lo que la debilitaría aún más su papel como el factor determinante de la próxima sucesión presidencial, mientras la iniciativa privada “destapa” al próximo mandatario.
Sin embargo, la conciencia ciudadana se moviliza cada vez más, denuncia corruptelas, se posesiona como vigilante de los gobernantes y exige una fiscalía independiente. El sistema se cimbra, pero ¿podrá salir como tantas otras veces airoso de esta situación sin cambios de fondo? Así lo creen algunos confiados. Otros, parecen no estar ya tan seguros. Todo va demasiado rápido.