La principal tesis de Por qué fracasan los países (Crítica, 2013), es que las instituciones políticas y económicas de un país son el principal determinante de su éxito económico. El primer capítulo describe las economías de Nogales, Arizona, y Nogales, México, y concluye diciendo: “Los habitantes de Nogales, Sonora, no tienen tanta suerte. Viven en un mundo diferente conformado por diferentes instituciones… Los incentivos generados por las diferentes instituciones… son la principal razón que explica las diferencias en prosperidad en los dos lados de la frontera”.
A pesar de que estoy convencido de que México no es un país fracasado, que sea utilizado como el primer ejemplo para defender una tesis de tal magnitud incita una reflexión. Efectivamente México ha sido un país que ha tenido dificultad de construir instituciones sólidas y, sobre todo, suficientemente creíbles como para dar certidumbre jurídica y permitir que exista un verdadero Estado de derecho.
En 2013 defendía que la reforma constitucional en telecomunicaciones estaba basada en dos grandes pilares: una discontinuidad en las instituciones de México y la búsqueda de un nuevo modelo en la operación de las redes de telecomunicaciones para modificar la estructura del sector.
En retrospectiva, me atrevo a decir que el segundo pilar —una “red compartida” y una “robusta red troncal”— resultó endeble y ha sido una promesa no cumplida.
Sin embargo, el primer pilar ha demostrado ser suficientemente sólido. La reforma dio autonomía constitucional al IFT. Se crearon tribunales especializados, se eliminó dentro de lo posible la “doble ventanilla” y se redujeron las posibilidades de detener la evolución del sector, al hacer que las decisiones del ente regulador, ante un amparo, no pudieran ser objeto de suspensión. La promesa era generar las condiciones para eliminar el principal cuello de botella que había aquejado a México: la institucionalidad precaria, que había permeado todas las decisiones públicas y privadas en el sector.
Al expandir el concepto de Estado regulador, México decidió experimentar con un modelo institucional diferente. No es de esperarse que un modelo que rehace los cimientos de un pilar institucional de un país madure rápidamente. Es indispensable que su marco de creación se mantenga estable y sea respetado para formar recursos humanos y consolidar ideas y procesos. No podemos esperar contar con instituciones sólidas si sus fundamentos se ponen en discusión, y las ganancias políticas y económicas de corto plazo dominan sobre la institucionalidad endeble; una institucionalidad sólida es una ganancia económica y política sólo en el largo plazo. La credibilidad se construye a lo largo del tiempo, pero se destruye con tan sólo un acto.
El IFT aún está en proceso de consolidación institucional. La decisión que tomará la SCJN en los próximos días sobre la constitucionalidad de un artículo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (la “tarifa cero”) será un hito en la construcción de instituciones. El centro de la decisión afecta la principal palanca de transferencia de dinero entre las empresas del sector y entre ellas y los consumidores, por lo que el impacto de la decisión, sea cual fuere, será sentido en todo el mercado. Ya se ha publicado un proyecto de sentencia que, aunque podrá sufrir modificaciones, parece estar basado en respetar y fortalecer las instituciones. Como ése es el punto en cuestión, no deberán ser los aspectos económicos de corto plazo, ni las ganancias o pérdidas monetarias inminentes de las empresas, ni el bienestar actual de los consumidores lo que deba ser considerado a la hora de juzgar la decisión de la Corte. Deben prevalecer la construcción de instituciones, la defensa del Estado de derecho y el fortalecimiento del modelo regulatorio. Ésa es la reforma constitucional en telecomunicaciones.
Acciones que refuercen el modelo adoptado como país permitirán que dejemos de ser un ejemplo mundial de por qué fracasan los países.
