El Gobierno de Nicolás Maduro prohibió a partir de ayer las “manifestaciones públicas” que puedan “perturbar” la elección, el domingo, de delegados para la Asamblea Constituyente, so pena de purgar entre cinco y 10 años de cárcel.
El anuncio lo realizó el ministro del Interior, Néstor Reverol, el jueves en la segunda jornada de huelga general contra la Constituyente y en la víspera de una gran protesta simultánea por todo el país convocada por la oposición, que mantiene la convocatoria pese a la prohibición. Maduro continúa así con el proyecto pese al gran rechazo ciudadano y las sanciones de Washington a 13 altos cargos venezolanos.
La respuesta de la oposición, inmediata, fue redoblar la apuesta por la manifestación que había convocado para el viernes en Caracas extendiéndola a todo el país.
