Durante la semana, la presión fue muy alta. La defensa de Duarte vendió la sensación de que el caso de la PGR era muy débil. El historial de la propia institución hacía el resto. No hubiera sido la primera vez que un tribunal desechaba uno de sus casos estrella. En octubre de 2015, el juez liberó a un grupo de militares acusados de asesinar a ocho personas, después de un enfrentamiento en un pueblo del Estado de México. Consideraba que las pruebas que había aportado la PGR no eran suficientes. El caso Tlatlaya había sido un escándalo en México y pese a ello, moría a orillas del juzgado.
Pasar desapercibido, fundirse con el revoltijo jurídico de los abogados, convertirse en un argumento legal, sentarse, mirar a los lados, doblar papeles como quien firma decretos. Javier Duarte vivió el sábado el principio del fin. Su fin. El juez aceptó finalmente las pruebas de la PGR y decidió procesarlo por dos delitos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. O, dicho de otra forma, por robar, hacer robar y tratar de disimular.
Los investigadores acusan al exgobernador de Veracruz de sacar 80 mdd de las arcas del estado. De crear una red de testaferros, compinches y empresas falsas. De usarla para que el robo pareciera legal. De ser el líder, el capo. Según explicó el MP, Duarte dedicó todo su mandato a saquear las cuentas del estado. Su estado. Duarte se ha convertido en el gran villano. Alzado en su día como uno de los estandartes del nuevo PRI, era pura derrota el sábado.
EL SILENCIO
En 12 horas de audiencia, apenas abrió la boca tres veces, las tres para decir que estaba de acuerdo con los alegatos de su abogado. “Me adhiero a lo expresado por mi representante”, contestaba al juez.
Hace apenas cinco años, Duarte era ejemplo de la nueva generación de un partido que había gobernado sin interrupción durante 71 años. El propio presidente, Enrique Peña, lo nombró en más de una ocasión, queriendo así romper con el pasado, elevando las bondades del PRI a las virtudes de una nueva camada de gobernadores y diputados. Resulta curioso que ahora, Duarte simboliza de nuevo al PRI, otra vez arrugado. A ese PRI del mismo Peña Nieto, desplomado en los índices de popularidad, denostado por amplios sectores. Criticado por plegarse ante Trump, por la inflación, por el aumento de la inseguridad y la violencia. Al PRI del exgobernador Roberto Borge, preso en Panamá, acusado en México de lavar dinero. Al PRI del exgobernador César Duarte, prófugo de la justicia, también por robar. Más que un juicio contra Duarte, parece un juicio contra el nuevo PRI.
82 PRUEBAS
Los fiscales de la PGR aparecieron en la sala de audiencias como trenes de mercancía. Dolidos en su orgullo, explicaron al detalle los motivos por los que acusaban a Duarte. La prensa criticó con dureza su actuación del lunes. Parecía, leían las columnas de opinión, que la fiscalía no tenía interés en procesar al exgobernador.
A falta de seis meses para que concluya su investigación, el MP presentó 82 pruebas contra Duarte. Las hay de todo tipo, pero las más importantes son los testimonios de tres de sus antiguos colaboradores. Se trata de Alfonso Ortega, abogado y uno de los arquitectos de la trama de empresas falsas; de Arturo Bermúdez, antiguo jefe de la policía de Veracruz, actualmente en prisión y de Juan José Janeiro, abogado señalado como otro de los arquitectos de la trama.
Apoyándose en un powerpoint de 24 diapositivas, la PGR explicó cómo la red delictiva de Duarte habría sacado dinero de las arcas del estado y lo habría inyectado al sistema financiero, comprando y vendiendo propiedades, aparentando así su legalidad.
Uno de los fiscales explicó por ejemplo cómo diferentes dependencias del Gobierno licitaron contratos con empresas fantasma. Cómo los contratos eran en realidad una farsa. Cómo el dinero iba a parar a otras empresas y finalmente a manos de sus testaferros. Cómo esos testaferros, haciéndose pasar por campesinos, compraron miles de metros cuadrados de terreno en la costa de Campeche, en el Golfo de México, a menos de un peso -centavos de dólar- el metro cuadrado. Cómo empresas de la trama adquirieron más tarde esos terrenos, a más de 250 pesos el metro cuadrado, tratando de limpiar el rastro del robo inicial.
