Conciencia Ciudadana
Un nuevo frente de indignación ciudadana frente a la creciente ola de descomposición política que azota nuestro país
Tocó a los estados de la república aportar los más sonados casos de corrupción de esta semana, abriendo un nuevo frente de indignación ciudadana frente a la creciente ola de descomposición política que azota nuestro país.
El estado de Morelos abrió la función con el tristemente caso del socavón en el tramo carretero apenas inaugurado por el presidente Peña Nieto el pasado mes de abril; debido a dicho incidente dos personas, padre e hijo, perdieron la vida al caer al boquete que sorpresivamente se abrió en la cinta asfáltica por donde circulaba su vehículo.
Como es usual, las autoridades federales y estatales responsables de dicha obra (el ahora famoso “Paso Express’’ de Cuernavaca) trataron y siguen tratando de eludir su responsabilidad en torno a la tragedia; tal y como lo hizo el secretario de comunicaciones y transportes (SCT) Gerardo Ruiz Esparza, al condolerse de los familiares de los ahora occisos por “el mal rato” –dijo- pasado con su fallecimiento tratando de disminuir el impacto mediático de su muerte o el gobernador de Morelos Graco Ramírez, al intentar deslindarse de los hechos. Sin embargo, los habitantes de las colonias vecinas de la carretera siniestrada mostraron ante los medios de comunicación pruebas contundentes de haber informado oportunamente a las autoridades locales y federales del inminente riesgo que se corría en el lugar de los hechos al construirse la nueva vía carretera sin modificar las malas condiciones de desagüe; que, al final de cuentas, provocaron el siniestro donde las dos personas perdieron la vida. El asunto pues, huele a corrupción, a negocios turbios entre constructoras sin escrúpulos y gobernantes dispuestos a tolerar las deficiencias y fallas con tal de aportar obras de relumbrón para el beneficio político de sus administraciones.
Veracruz fue otro caso de cómo se mueve la corrupción en los ámbitos estatales, siendo una de las noticias más publicitadas el traslado del ex gobernador de ese estado, Javier Duarte de Ochoa (ahora conocido como “Javidú”), desde la capital de Guatemala, donde se le detuvo por las acusaciones que pesaban sobre su persona desde hace meses cuando, tras renunciar a su mandato, desapareció como por arte de magia en plenas narices de las autoridades federales y estatales. Curiosamente, es hasta ahora, cuando los procesos electorales de Coahuila, Estado de México y Nayarit terminaron, que el ex funcionario veracruzano fue entregado al gobierno mexicano, para enfrentar las acusaciones que a juicio de éste procedan. Pero el actual gobernador de Veracruz, MIGUEL ÁNGEL Yunes Linares, parece no estar dispuesto a dejar que la fiscalía federal aminore los delitos que se le imputan, por lo que el día de hoy hizo saber a los medios que su gobierno aportará pruebas suficientes de los delitos cometidos por su antecesor en el ejercicio de su cargo, exigiendo Yunes ser llamado a declarar el mismo en las investigaciones a fin de no permitir que por una investigación sin sustento el tristemente célebre “Javidú” pueda burlar nuevamente la acción de la justicia.
Y para rematar con este rosario de hechos delictuosos que van configurándose en la geografía política de los estados producidos por la secrecía y la impunidad con la que los gobiernos estatales y sus administradores han actuado por tantos años, toca a nuestro estado de Hidalgo generar una noticia nacional e internacional de primer orden; por desgracia, relacionada estrechamente con Radio y Televisión del Estado de Hidalgo y por la que su último titular durante el sexenio pasado SERGIO ISLAS OLVERA, fue aprehendido el martes pasado acusado del desvío de casi 78 millones de pesos en agravio de recursos públicos. Es lamentable tener que tratar este tema en este lugar, pero por cuestión de salud pública resulta indispensable referirse a él por los daños que pudiera haber provocado a los activos de la institución y a los trabajos que se realizan en ella.
Independientemente de que el acusado tendrá el lugar y el momento para probar el alcance de las acusaciones sobre los hechos que se le imputan, debemos reconocer que el actual gobierno del estado de Hidalgo ha cumplido con su deber en este caso, dejando atrás la vieja costumbre de hacerse de la vista gorda ante la actuación de quienes ejercieron cargos públicos en el pasado. Qué bueno que así lo haga y qué bueno sería que la propia ciudadanía hidalguense tome como propia la vigilancia sobre la actuación de sus gobernantes, tanto los del pasado como los del presente. Solo así puede construirse una administración transparente y una sociedad auténticamente democrática. Eso es todo por mi parte y recuerden que
VIVOS SE LOS LLEVARON Y VIVOS LOS QUEREMOS YA.