Los recientes procesos electorales han provocado coraje, indignación y múltiples acusaciones en contra del PRI y del gobierno. En Coahuila la indignación ha desbordado y tomado las calles para transformarse en una irritación que amenaza convertirse en violencia. Los recientes acontecimientos así lo testimonian.

Todos los candidatos declarados como perdedores se han unido en estas acciones de protesta y han interpuesto, por distintos medios, acciones para anular la elección de gobernador. Lo grave estriba en que, en este caso es el propio organismo encargado de organizar, supervisar y garantizar la legalidad del proceso electoral, el que ha sido acusado de cometer el fraude electoral.

El Instituto Electoral de Coahuila está en el banquillo de los acusados. Eso es lo delicado, el órgano encargado de garantizar la limpieza del proceso es acusado de sumarse al fraude. Equivale a la policía que participa con la delincuencia.

Está claro que atrás de este señalamiento de robo electoral que ha causado la irritación popular en Coahuila, está la mano del gobierno estatal, uno que desde el anterior, presidido por el hermano del actual gobernador, ha sido señalado en México y en el extranjero, de manera particular en España, de estar vinculado con delincuencia organizada.

Existe un expediente al respecto abierto por las autoridades españolas sobre una persona que ha sido vinculada a proceso judicial por delitos en aquél país que tienen su origen en Coahuila.

El día de la elección la presidenta del Instituto Electoral, expresó en abierta contradicción con el PREP realizado por una empresa, que no era posible avanzar en el conteo de votos más allá del 71% por “discrepancias” existentes en las urnas, actas y las listas finales por casilla.

No se puede creer que a estas alturas informáticas, la autoridad se atreva a expresar públicamente pretextos increíbles a los que no es posible darles un gramo de credibilidad. La autoridad se queja que los contendientes no han ofrecido pruebas, como si la supervisión de las elecciones no dependiera del propio instituto.

Equivaldría a la petición de un fiscal al exigir que el muerto sea el que aporte pruebas y demuestre la culpabilidad del asesino.

El Instituto Electoral comete faltas graves y después pide a los ciudadanos que aporten evidencias y aquellas que puedan presentar son descalificadas, por lo que se vuelve imposible demostrarlo. Lo anterior posibilita en estos términos antidemocráticos que el culpable se exonere. Tamaña desvergüenza solo era posible observarla en las elecciones que organizaba Gonzalo N. Santos.

Ante esta realidad el gobierno federal tiene una disyuntiva, apoyar al gobernador Moreira, quién ha impuesto a como dé lugar a su sucesor y es fácil imaginar la razón de la imposición, o bien apoyar a la población, a la Constitución y a la ley.

No se puede pasar por alto semejante violación que implica una clara y abierta afrenta a los derechos humanos de la ciudadanía, a la libertad de elegir a los gobernantes, a la democracia y al sentido común.

¿Por qué razón arriesgan al propio Ejecutivo federal para que asuma y cargue con responsabilidades que no le corresponden? ¿No ha sido suficiente con el desgaste provocado por Duarte de Chihuahua, Duarte de Veracruz y Borge de Quintana Roo? ¿Acaso el Pacto Federal debe ser garantía de opacidad de los gobiernos locales y del triunfo de la impunidad? ¿Es posible dejar que se atropelle a las poblaciones en su mínimo derecho democrático de elegir quién los represente?

Los organismos electorales federales tienen facultades, incluso la propia Procuraduría General de la República, para intervenir, ya que el punto de partida de muchas violaciones surge de la credencial para votar, que es federal.

De qué sirven tantas Fepades si al final de cuentas los delitos en esta materia pasan desapercibidos, como si no existieran. Sólo hay que conocer un poco de historia para recordar que en el siglo pasado la violencia comenzó en el norte.

Hace unos días Angela Merkel convocó a México a fortalecer las instituciones democráticas, y estas acciones ilícitas las quebrantan y las debilitan. No nos preguntemos por qué nuestro Estado de Derecho es débil y nuestras instituciones no son sólidas, ahí está, en hechos como el de Coahuila, la respuesta.

Yo no tengo dudas sobre lo que el gobierno debe hacer.