El estado de Nuevo León, a través de sus representantes democráticamente electos, decidió claudicar y reconocer su incapacidad para garantizar seguridad para sus ciudadanos.
El pasado jueves 1 de junio los diputados del Congreso de esa entidad aprobaron la iniciativa de reforma al artículo 17 del Código Penal del estado de Nuevo León, a través de la cual, permiten mayor letalidad en la legítima defensa para los ciudadanos.
Es decir, bajo el argumento de las fallas del sistema y el justificado temor ciudadano, el congreso estatal justifica el homicidio y las lesiones dolosas graves de un presunto agresor, como una forma aceptable de legítima defensa.
Es innegable que en nuestro país estamos viviendo una ola de incidencia delictiva cercana a la vida cotidiana de los ciudadanos: robos en las calles, casas, negocios, secuestro exprés y extorsivo, amenazas y lesiones que afectan nuestro día a día en el total desamparo e impunidad.
También es cierto que si somos víctimas de un delito sufrimos las consecuencias del mismo, somos revictimizados al acudir a presentar nuestra denuncia y difícilmente accedemos a la justicia u obtenemos una reparación del daño.
Si el argumento de base que da pie a esta reforma de ley es la incapacidad del Estado en materia de seguridad y justicia ¿qué podemos esperar en términos de aumento de violencia para Nuevo León? ¿Qué podemos esperar en términos de violaciones a derechos humanos, fabricación de culpables, corrupción para eximir de culpas o comprar impunidad? Si lo que la autoridad admite es su ineptitud para prevenir el delito, investigar casos, administrar justicia ¿cómo puede garantizar esa adecuada operación ante posibles ejecuciones entre ciudadanos?
Esta reforma abre un frente por sus ambigüedades —se amplió el criterio para los ciudadanos que actúen en defensa de su persona, de su familia, de su honor o de sus bienes, o de la persona, honor o bienes de otro, repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho, y de la cual resulte un peligro inminente— y por las implicaciones que tiene. En Nuevo León la autoridad encargada de generar seguridad y justicia no sirve, no puede y ya se rindió.
Esta reforma nos lleva a la pregunta obligada ¿para qué mantener con nuestros impuestos todo un aparato inútil si en quien recae la seguridad es el individuo? ¿Para qué pagar sueldos de policías, ministerios públicos, peritos y jueces si la justicia está en manos de un ciudadano?
¿Cómo podrá un Estado que se reconoce inútil e incapaz, demostrar que quien actuó, lo hizo para rechazar a un agresor en el momento mismo de estarse introduciendo o realizando actos encaminados a lograr entrar a su casa o departamento habitado, cualquiera que sea el daño causado al agresor?
Aún más, en un país de privilegios y exclusiones, donde quien cuenta con recursos económicos todo lo puede y, quien no, vive en constante peligro, ¿cómo aumentar la sensación de seguridad si guaruras y mirreyes prepotentes con arma en mano podrán resolver hasta el mínimo conflicto de tránsito, argumentando legítima defensa?
Los congresistas de Nuevo León son una vergüenza para nuestro país, exhibieron su ignorancia y superficialidad para enfrentar un fenómeno tan complejo como es la seguridad, donde la clave debe ser un sólido Estado Democrático de Derecho.
Señores diputados, si no conocen el tema investiguen, infórmense, no respondan a la violencia con más violencia, aumentado los factores de riesgo.
Debemos observar el caso de la República de Filipinas, donde se implementó una reforma similar, sustentada en argumentos similares, y que ha traído como consecuencia una ola de violencia que difícilmente se podrá revertir.
@frarivasCoL
