¿Hasta dónde nuestras propias leyes son las que están provocando la impunidad?
Con el afán de privilegiar la presunción de inocencia se ha implementado un nuevo sistema de justicia penal acusatorio, el conocido comúnmente como juicios orales; este sistema tiene como objetivos, entre otros, el de judicializar solamente a aquellas conductas probablemente constitutivas de delito que sean de un impacto social importante; y para aquellos asuntos de poca monta, se han establecido los métodos alternos para la solución de conflictos, tales como la mediación, la conciliación, los criterios de oportunidad, todo ello dentro del marco de la justicia restaurativa.
Sabemos que es importante que cuando alguna persona decide querellarse por haber sido víctima de un delito, ya no es suficiente el solo hecho de acusar, a veces sin más fundamento que su sola percepción y el sentimiento de haber sido vejado, sino que ahora, por fortuna, se requiere que dicha imputación esté sustentada con elementos fácticos, probatorios y jurídicos.
Es precisamente en este punto donde se hace indispensable que le echemos una revisada al nuevo sistema, pues si bien es cierto ha servido para disminuir conductas lesivas en contra de quienes pesa una acusación, a veces infundada, también es cierto que parece se está fortaleciendo el monstruo de la impunidad, y esto se da en el momento en que los verdaderos delincuentes, los profesionales de la tranza y la uña, al saber de la existencia de esta sobreprotección, saben perfectamente que si no hay pruebas, no hay delito, por lo que se han vuelto cuidadosos de las evidencias y expertos en medios alternos en la solución de los conflictos.
Ahora llevemos ese escenario con los delincuentes de cuello blanco, los ladrones que por muy VIP que sean, al final son unos vulgares ladrones; estos sujetos no solo aprovechan las bondades del nuevo sistema, sino que además tienen la facilidad de escapatoria que les proporciona el séquito de ladrones iguales a él, quienes a la voz de “hoy por ti, mañana por mí” no dudan en tenderle la mano a aquel que seguramente cuenta con mucha información que los puede involucrar, entonces, al proteger al amigo también se están protegiendo a sí mismos.
Pero si ello no fuese suficiente, ahora sumémosle el escudo insuperable del fuero constitucional, cuyo uso indebido solo ha servido para proteger a quienes se han enriquecido ilícitamente en detrimento de los que pagamos su salario y cientos de prerrogativas propias de la casta sagrada de los políticos. En algunos Estados de la República ya lo quitaron, pero faltan muchos más, ¿Qué se necesita?, una verdadera voluntad política e interés por los buenos oficios de la función que ejercen; situación difícil en estos tiempos en donde pareciese que el sinónimo de función pública es lo mismo que impunidad y corrupción.
Si al final todo ello falla, todavía les queda el camino del amparo, para salvar lo que los verdaderos delincuentes ya ni conocen, es decir, la honra.
En fin, el nuevo sistema no dudo que sea bueno si es que se subsanan algunas deficiencias que los conocedores del tema ya han detectado, pues hoy, si les falla los métodos alternos, o el fuero e incluso el amparo, la veladora de los corruptos y delincuentes se vuelve a encender cuando existan fallas en el debido proceso.
Las palabras se las lleva el viento, pero mi pensamiento escrito está.
Miguel Rosales Pérez
