Las autoridades ejidales, representadas por los abogados Fabiola López y Alberto Leal, explicaron a las autoridades municipales sobre la promoción del amparo. Insistieron en que el camino parcelario ha sido sumamente afectado, así como  daños  y perjuicios a las tierras aledañas

Los ejidatarios comentaron que no creían en la autoridad ya que durante la administración anterior con el ex alcalde Jaime Allende González hicieron varios acuerdos y que al final no cumplió ni su propia palabra que había empeñado

Tras el bloqueo al acceso al Relleno Sanitario autoridades del Ejido de Tula sostuvieron una reunión en la Sala de Cabildo con autoridades de los municipios de Tula, Atitalaquia, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan y Atotonilco de Tula, a quienes les hicieron saber que por los daños y perjuicios que le han generado a sus tierras por la contaminación durante los siete años de operación del tiradero, tenían que pagarles una indemnización de 14 millones de pesos.

Aclararon a las autoridades municipales, representadas en la mesa de los municipios antes mencionados, que su interés no es afectar a la población, a los gobiernos locales ni al estado, pero que no les habían dejado otra alternativa ante la contestación que recibieron del área jurídica del municipio.

La reunión, que por momentos se tornó ríspida, estuvo presidida por el secretario general municipal de Tula, Octavio Magaña Soto, y el director de Gobernación en Tula, Elmer Céspedes.

Los representantes del ejido, luego de reclamar que el Ejido de Tula no fue tomado en cuenta para la operación del relleno sanitario, a pesar de que la parcela de la posesionaria, Irma León Tovar, se encuentra en tierras ejidales.

Luego de varios dimes y diretes y de cada uno defender su postura las autoridades se comprometieron a rehabilitar los caminos dañados, a supervisar la situación de las descargas y que el saneamiento se lleve conforme a la normativa ambiental, ya que para las autoridades municipales, dijo Octavio Magaña.

Aseguraron que también les preocupa a los alcaldes el tema ambiental que les heredaron las administraciones anteriores.

Sin embargo, al escuchar el monto del pago por daños y perjuicios  por 14 millones de pesos, ya que cada municipio tenía que liquidar 400 mil pesos por año de operación, a la fecha suman siete… es decir, cada municipio tenía que pagar 2 millones 800 mil pesos, cantidad que, dijeron las autoridades municipales, se sale de contexto para que puedan liquidar, ya que no está considerado ese monto en los Presupuestos de Egresos, lo que derivó en que minutos después de las tres de la tarde de ayer el diálogo se rompió, levantándose de la mesa los abogados y representantes ejidales.

El director de Gobernación ante los desacuerdos comentó que si se daba paso en estricto apego a la ley, los municipios no habían sido notificados y que se estaba violando el derecho que les asistía de que el ejido tenía varios años de consentir la operatividad del relleno sanitario.

Durante la reunión también se hizo saber por parte del área de Ecología de las acciones que los gobiernos municipales han realizado ante la Semarnat y la Proespa para el cumplimiento de las normas ambientales.

Finalmente, luego de un segundo intento de diálogo entre ambas partes, no se llegó a ningún acuerdo, por lo que los camiones recolectores de basura de los cinco municipios no pudieron depositar la basura recolectada y se dejó la posibilidad de volver a sostener otra reunión en 48 horas, pero que mientras tanto se tenía que respetar el amparo que prohibía el depósito de desechos.