Se sabe que el profesor Michelangelo Bovero inventó el término kakistocracia (“el gobierno de los peores”) para describir el estado de corrupción generalizada del poder institucional italiano de la segunda mitad del siglo XX. Esta semana, en México, una nueva palabra ha enriquecido el léxico de los estudios políticos, tras la enésima ola de indignación nacional. Ha comenzado a hablarse de “porkycracia”.
Los Porkys, por si alguien andaba en Kamchatka y no se enteró, son el grupo de Juniors veracruzanos, que, en 2015, violaron a una muchacha de 17 años.
Cuando el avance del proceso judicial los puso en aprietos, los Porkys (ante la pasividad de las autoridades y con la bendición de sus “aristocráticas” familias) se dieron a la fuga. Gerardo Rodríguez, uno de ellos, fue capturado y liberado después, ya que las indagaciones mostraron que, supuestamente, no había participado en los hechos. Prófugo sigue otro, Jorge Cotaita. Uno más, Enrique Capitaine, está preso. El último de los cochinitos, Diego Cruz, fue detenido en España y se le extraditó.
Esta semana, el juez tercero de distrito de Veracruz, Anuar González Hemadi, consideró buena idea emitir un auto de liberación para Cruz, por considerar, que, aunque quedaba claro que le había hecho tocamientos a la denunciante, éstos habrían sido realizados, según su interpretación de la ley, “sin intención lasciva”. ¿Pero qué otro motivo podría haber llevado a Cruz a tocar los senos e introducir los dedos en la vagina de la menor, quien iba sola con los puercos a bordo de una camioneta? La resolución del juez no lo aclara.
La reacción social le cerró el paso a la rutinaria impunidad. Si las tardanzas, vacilaciones, lentitudes y omisiones a lo largo de todo el proceso de los Porkys han causado escozor, este intento de exculpación hizo derramarse las bilis nacionales.
Exhibido en las redes con el mote de #JuezPorky, acusado de recibir sobornos o de ser, simplemente, un machista, un inepto y un prevaricador, Anuar González Hemadi pidió ser apartado del caso. Comenzaron a circular fotografías suyas (en ocasiones, cosa preocupante, acompañadas por imágenes del resto de su familia) y hasta sus datos personales. Horas más tarde, el Consejo de la Judicatura, órgano encargado de revisar el comportamiento del Poder Judicial, informó que el juez sería suspendido y se iniciaría una investigación de su fallo.