La presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Jaqueline Peschard, sostuvo que la profesionalización de funcionarios públicos es pieza clave para combatir la corrupción.
Asimismo, demandó que en la designación de los titulares de los Órganos Internos de Control exista transparencia y se involucre a organismos sociales.
Durante la inauguración del Primer Seminario Internacional Anticorrupción organizado por la Secretaría de la Función Pública y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la titular de la dependencia, Arely Gómez, reconoció que la sociedad exige que los funcionarios actúen con integridad y profesionalismo, de ahí la importancia de la iniciativa de ley de Profesionalización, pues la actual legislación que regula el servicio civil de carrera es insuficiente para las necesidades y exigencias sociales actuales.
Gómez destacó que la iniciativa que ya se trabaja con académicos y especialistas, se centrará en dos elementos: simplificación y flexibilización del sistema. Para la secretaria, esta legislación forma parte del proceso de construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo lanzamiento, dijo, representa un momento histórico para el país.
En su oportunidad, Peschard destacó la importancia de que exista una legislación que establezca los parámetros de lo que se requiere como servidor público, pero en el momento actual, tener una mejor regulación del servicio civil de carrera es fundamental para el Sistema Nacional Anticorrupción para que genere los incentivos necesarios para un buen desempeño de funcionarios y desincentive prácticas que privilegian intereses privados e, incluso, inconfesables.
Peschard aseveró que es urgente conformar en la administración pública un buen capital humano y, en especial, en aquellos funcionarios que se desempeñen en los Órganos de Control Interno, para fortalecer la instrumentación de mejores prácticas. Por ello, insistió, se requiere transparentar la designación de estos funcionarios
A su vez, Lourdes Morales, de la Red por la Rendición de Cuentas consideró que la SFP, una dependencia que estuvo condenada a la desaparición, debe resurgir con más fuerza y con una normatividad acorde con la realidad en donde se requiere la profesionalización del servicio público, que en la actualidad tiene un rezago.
