Atotonilco de Tula

Redacción

Durante un recorrido proselitista realizado por Atotonilco de Tula Rosendo Cruz Rufino, candidato del PAN a la Diputación Federal del V distrito Tula, repudió la represión de manifestaciones de protesta pacificas; esto al recordar el excesivo uso de la fuerza pública contra él y otros cinco mil campesinos que fueron brutalmente golpeados por elementos de seguridad pública estatal al mando del secretario de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, Alfredo Ahedo Mayorga, el pasado 10 de abril.

En su visita a la planta de la empresa Fortaleza de Atotonilco de Tula y vecinos de diversas colonias de aquel municipio, concientizó a la población del derecho a la libertad de expresión y manifestación pública pacífica del que goza la ciudadanía.

“Pero eso no es respetado por nuestras autoridades”, dijo el candidato panista, al externar que el año pasado con una actitud de intolerancia y carente de diálogo por parte del entonces secretario de Gobierno de Hidalgo, Fernando Moctezuma Pereda, hoy candidato a diputado federal del PRI por este mismo distrito; ordenó la represión violenta contra campesinos que pedían recursos para el campo.

Rosendo Cruz manifestó que la manifestación de protesta pacífica de diversas causas ha sido criminalizada por las actuales autoridades priistas, “pero afortunadamente este abuso de autoridad se visibiliza entre la ciudadanía gracias a las redes sociales y otros medios electrónicos, que saben que esto violenta nuestro derecho constitucional de libertad de expresión”, enfatizó el candidato panista.

Simpatizantes que se sumaron a su campaña proselitista le hicieron saber que a muchos de ellos se les ha coartado su libertad de manifestación o reunión al realizar algún tipo de petición. Así mismo le externaron su apoyo, pues ven en Rosendo Cruz la única opción para trasformar actos de represión en Hidalgo.

Por esa razón, el candidato invitó a los asistentes a cambiar el rumbo votando este 7 de junio por el PAN y desde la Cámara de Diputados legislar para que los cuerpos de seguridad estén debidamente capacitados, respeten la ley y los protocolos internacionales de actuación en toda manifestación, además de sancionar severamente a aquel servidor público que aparte su conducta de lo estipulado en la ley.