Juan, un inmigrante indocumentado de Guatemala, mira con desconfianza apoyado en un árbol mientras se le acerca un extraño. Lleva el miedo grabado en los ojos. Aún así, accede a contestar preguntas sobre la llegada de Trump al poder, probablemente la causa central de ese mismo temor. Dice balbuceando que espera que no pase nada, que no le vengan a buscar para deportarle, antes de buscarse una excusa para alejarse del árbol y zanjar la conversación.

Justo en frente contemplan la escena José Luis, Rubén y José Ángel, dos mexicanos y un hondureño que hacen el corrillo de cada mañana frente al Home Depot de Alhambra, al sur de Los Ángeles, una multinacional del bricolaje que se ha convertido en punto habitual de peregrinaje de jornaleros a cambio del sueldo mínimo interprofesional.

Y a veces, ni eso. Es una opción a la que no piensan dejar de recurrir a partir del 20 de enero, cuando Trump empiece a tener potestad para hacer tangible su discurso incendiario de campaña contra los inmigrantes.

Su intención, aunque le bailen un tanto los números, es deportar entre dos o tres millones de indocumentados, la mayoría hispanos. “Sabemos que las cosas van a cambiar”, apunta José Luis, el más veterano de los tres, oriundo del Distrito Federal. “Quisiéramos que no, pero me temo que no hay nada que hacer si al final hace lo que ha prometido.

Todos tenemos el temor de que nos avienten del otro lado de la frontera por cualquier cosa”. Para José Ángel, hondureño casado con una mexicana, el presunto futuro aterrador que les espera no tiene sentido, ya que aunque se los lleven a todos de vuelta a sus países, no cree que haya gente con pasaporte americano que los pueda reemplazar. “Los gringos no quieren hacer nuestro trabajo, está claro. A nosotros nos toca cavar zanjas de muchos pies de profundidad y sacar toda la porquería. No creo que un chico blanco esté dispuesto a eso”.