HOMO POLITICUS
Una máxima de derecho es que no se puede ser juez y parte. Los partidos políticos son entidades privadas de interés público; su función en la estructura de conformación administrativa del Estado, se encuentra en la dimensión de representación popular, donde un candidato propuesto por una fórmula partidista puede ser favorecido por la voluntad ciudadana y erigirse en aquellos ciudadanos investidos del privilegio de servir a la sociedad.
La opacidad que ha reinado en los partidos políticos, no sólo en el manejo del dinero que reciben del Estado para su desarrollo y el desarrollo ciudadano, sino en las formas de organización que presentan y que deben estar estructuradas de forma democrática, con lógicas de acceso igualitario al poder en una competencia simétrica, son un ejemplo en México de prácticas verticales y autoritarias, donde se presentan manejos de elite, grupúsculos y grupos de poder hacia su interior, marginando a sus bases militantes de toda decisión importante.
No es necesario entrar en discusiones de clasificación de partidos desde la óptica de Duverger o Gramsci, para intentar entender la clase de partidos y realidad política en la cual se desenvuelven en México; esto nítidamente no es necesario. Empíricamente apreciamos la concentración del poder en sus mecanismos de elección, disfrazados de consulta a la base o en el miserable contubernio conocido como “convención de delegados”, prácticas que suelen vulnerar la probidad a la que deben atender.
La Ley de Transparencia, ha generado una gran expectativa de control sobre los partidos políticos más allá de sus formas de financiamiento, sino, en el fondo en la probidad y legalidad de sus prácticas; pero, no siempre el hecho de que se aplique la ley significa que ello logre sanear el trasfondo de la violación de la ley, para muestra un botón: PVEM.
El Partido Verde Ecologista de México ya encontró el recoveco y subterfugio para sacar provecho de la ilegalidad. El cálculo del PVEM estriba en que es redituable violar la ley electoral, porque no importan las multas que le impongan, de todos modos el dinero proviene de la ciudadanía, no es su dinero en términos estrictos sino un fomento público, por lo que el que queda como reverendo pendejo es el ciudadano y el Estado, que son vulnerados por estos sátrapas del poder, que saben que una vez que consiguen hacer gobierno, ya sea de manera directa o por alianza, su empoderamiento se reflejará en dinero devuelto.
Entonces, ¿de qué sirve que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le imponga o no multas a los partidos políticos?, en realidad de nada. Estas medidas resultan tan inverosímiles que Bob esponja y Patricio estrella tienen más coeficiente intelectual que las estructuras jurídicas del país.
Es evidente que ser juez y parte refrenda el poder de quien tiene esta potestad; la partidocracia pese a ser hoy sujeto obligado desde el sistema jurídico, ha encontrado y seguirá encontrando como burlar la ley, pero mucho más importante, vivirá de la inopia del pueblo, al cual engatusa en la esperanza de la esperanza misma.
