“Es posible tener que librar una batalla más de una vez para ganarla”. Margaret Thatcher

Hablar de cifras como la de 47 mil 178 muertes de mujeres con presunción de homicidio en el país entre 1985 y 2014 no puede asumirse como un fenómeno normal o justificado y mucho menos puede convertirse en objeto de lucro político; necesitamos pasar de los señalamientos al actuar contundente, coordinado y eficaz que reclama un fenómeno que lastima a toda la sociedad.
La cifra está asentada en el informe “La violencia feminicida en México, Aproximaciones y tendencias 1985-2014”, elaborado en coordinación con la oficina en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y el Instituto Nacional de las Mujeres, y dado a conocer en abril de este año.
¿Qué tan productiva puede ser una mujer golpeada, qué ejemplo es para sus hijas e hijos, en qué terminan ellas y sus agresores? ¿Nuestras leyes son suficientes y se cumplen? ¿Sabemos como sociedad cuáles son y cuáles debieran ser las tareas en los ámbitos municipal, estatal y federal y qué presupuestos se destinan para una atención integral de esta cruda realidad?
Las respuestas necesariamente nos remiten a la educación, factor fundamental para consolidar cambios en la manera cómo fomentamos actitudes y conductas para la solución de conflictos, el respeto al otro, la igualdad, tolerancia y el sentido de responsabilidad social.
Es cierto, el reto exige aún en muchas comunidades de nuestro país cambiar patrones culturales y relaciones desiguales, pero debe iniciarse precisamente en el ámbito de lo cotidiano para permear en la comunidad. Visibilizar el fenómeno de los feminicidios implica no sólo reconocer su existencia, sino asumir lo que nos toca hacer.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde el 2 de febrero de 2007, fue un primer paso jurídico para la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres, promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida.
El mismo ordenamiento prevé que los gobiernos de los estados, entre otras instancias, puedan solicitar a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
Con base en esa Declaratoria, vigente desde julio de 2015 en 11 municipios del Estado de México —Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco— se puso en marcha la Subprocuraduría de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, la Fiscalía de Feminicidio, la Fiscalía Especializada de Trata de Personas, la Fiscalía de personas desaparecidas y 14 agencias del Ministerio Público, todas con personal capacitado y especializado en investigaciones con perspectiva de género; así como Centros de Justicia Especializados para las Mujeres, en Toluca y Cuautitlán Izcalli; próximamente operará el de Amecameca y está por iniciar la construcción de otro en Ecatepec.
Consolidar un Estado democrático de derecho, respeto, protección y garantías a los derechos humanos debe tener perspectiva integral y exige dar continuidad a los esfuerzos iniciados en la implementación de políticas para la eliminación de cualquier forma de violencia hacia las mujeres.
Reconociendo avances, debemos advertir que el problema nos debe imponer cero tolerancia y toda la responsabilidad, por lo que para avanzar en las soluciones con la urgencia que nos demanda este grave fenómeno, valdría la pena que cuando escuchemos a alguien, quien sea, hacer señalamientos sobre el tema, le preguntemos qué propone para resolverlo y qué hace para abonar a la solución desde su ámbito de competencia.
Twitter: @AnaLiliaHerrera