- Solicitan al gobernador Olvera Ruiz que se aplique el estado de derecho a quienes bloqueen carreteras
- Comercio, turismo y el campo, los más afectados por Los Charrez
- Las pérdidas son irreparables
Ixmiquilpan. Comerciantes organizados y prestadores de servicios, solicitaron al gobernador, Francisco Olvera Ruiz, ponga atención a los constantes conflictos sociales que se viven en Ixmiquilpan, los cuales representan ya pérdidas económicas.
En un documento dirigido al mandatario hidalguense, los diferentes colectivos establecidos, puntualizan que es el clima de inseguridad, pero sobretodo de inestabilidad social y política de Ixmiquilpan, lo que ha generado pérdidas económicas.
Explican, que el municipio obtiene ingresos de tres rubros, el turismo, la agricultura y principalmente el comercio, sector que genera el 80 por ciento de la economía municipal, pero que se ha visto afectado tras los recientes bloqueos carreteros.
Califican, como infames y engañosos los pronunciamientos de quienes han llevado a estos bloqueos de carreteras, una minoría que afirman, han causado que las pérdidas en el comercio, el turismo y la agricultura, sean irreparables.
“En recientes fechas, el clima de inseguridad e inestabilidad social al extremo de cierres de carreteras por parte de una minoría de habitantes, que mediante engaños los llevan a bloquear carreteas y caminos, bajo pretextos infames y mal intencionados, no dándose cuenta del grave daño que ocasionan a toda la población que con ansia esperamos el arribo de turistas a la región del Valle del Mezquital” (sic).
Exponen en el documento, que los bloqueos carreteros encabezados por las organizaciones MIO, SION y Avance de los hermanos, Charrez Pedraza, no sólo han puesto en riesgo la paz social, sino también la vida de personas que no pudieron circular por esta carretera, ya que los traslados a hospitales también fueron impedidos por los manifestantes.
Por este escenario, solicitaron la intervención del gobernador, para que se garantice, incluso con uso de la fuerza pública, se liberen las vías de comunicación, se garantice el libre tránsito de la población, asimismo exigen se aplique el estado de derecho.
Son un promedio de 24 colectivos, entre comerciantes, organizaciones productoras del campo y prestadores de servicios, quienes incluso solicitan una audiencia con el propio gobernador, para que atienda personalmente estas preocupaciones.