Singuilucan

●    Calificaron al gobierno de José León como uno de los peores que ha tenido el municipio; intentarán evitar esto con Mario Olvera

Ante los nulos resultados que generó la administración de José León López al frente del gobierno singuiluquense, un grupo de ciudadanos conformó el movimiento “Singuilucan, Justicia social”, que tiene como uno de sus principales objetivos, vigilar el actuar del gobierno entrante, encabezado por Mario Olvera.
Este grupo, que cuenta actualmente con la participación de unos 250 habitantes del municipio, presentó ante medios de comunicación diversas anomalías detectadas en la administración pasada, las cuales golpearon de alguna forma el desarrollo de Singuilucan en diversos aspectos, pero sobre todo, en lo económico.
“Somos un grupo que se origina por la inconformidad de la mala administración que tuvo el ex presidente José León, y que tuvo resultados prácticamente nulos; lo cual nos avala la observación por varios millones de pesos que le hace la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH)”, dijo el presidente de esta agrupación, Mariano Aguilar Meneses.
El resto de los objetivos de “Singuilucan, Justicia social”, señaló, radican también en presentar proyectos e iniciativas ciudadanas para que sean tomadas en cuenta por la actual administración; buscar la participación ciudadana y evaluar los resultados de las obras y acciones que el gobierno realice a favor de singuiluquenses.
Además de Aguilar Meneses, este grupo está liderado por Martha María Jiménez López, quien es transportista; Rogelio Moreno Montiel, dedicado a la construcción; el agrónomo Irving Fragoso López y el comerciante Víctor Castañeda López.
Cada uno de ellos enlistó tan sólo algunas de las anomalías halladas al final de la administración de José León, como el caso de los sueldos excesivos, en los cuales se gastaron más de 15 millones de pesos en nómina de 4 años y 7 meses de su periodo gubernamental; cuando, de haber seguido las recomendaciones del congreso del estado de reducir el sueldo, sobre todo de regidores y directores, el gasto habría sido de poco más de 5.5 millones; es decir, se habrían ahorrado casi dos terceras partes de este presupuesto.
En cuanto a obra pública, señalaron, han solicitado a la actual administración los expedientes técnicos de 10 obras ejecutadas en el municipio durante la administración pasada, para realizar un estudio con el apoyo de especialistas, ya que han detectado que varias obras han sido infladas hasta en 200 o 300 por ciento de su valor real.
Informaron que de acuerdo a la ASEH, tan sólo en el ejercicio fiscal 2012-2013, fueron revisadas 32 obras que, además de su mala calidad, el material fue robado; por lo que denuncian deficiencia operativa y en la aplicación de los recursos.
En cuanto al parque vehicular, detallaron como ejemplo que tres camionetas que estaban en buenas condiciones, tuvieron que ser utilizadas para el pago a un ex trabajador que le ganó una demanda laboral al municipio, por un monto aproximado de 400 mil pesos. Dicho ex funcionario sólo trabajó seis meses.
Además, lamentaron que se haya vendido una motoconformadora en 180 mil pesos, cuando su precio real supera el medio millón; además de que era necesaria para el municipio, ya que éste cuenta con más de 100 kilómetros de caminos de terracería.
Estas y otras inconformidades fueron señaladas por los representantes de este movimiento, quienes aseguraron que no buscan beneficios políticos, más que el ser observadores del actual gobierno, pero bajo un sustento legal; para evitar otro gasto ineficaz de los recursos económicos destinados para el bienestar del municipio.