Un juez de control dictó el auto de vinculación a proceso, para dos personas que se identificaron con las iniciales I. M. R. y R. B. R.

La tarde de ayer se emitió un comunicado oficial, mediante el cual se informó que personal ministerial adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), luego de presentar suficientes datos de prueba, obtuvo de un juez de control el auto de vinculación a proceso, para dos personas que se identificaron con las iniciales I. M. R. y R. B. R.

Ambas personas que en su momento fungieron como presidente y tesorero de Tlahuiltepa,  respectivamente, se encuentran imputados por la autoridad del fuero común, de presuntamente haber cometido actividades que la ley sanciona como peculado, que habrían sido perpetradas en agravio de la administración pública municipal.

Además se destaca que los hechos que son materia de la investigación, ocurrieron durante la administración pública municipal, durante el periodo 2012-2016, cuando se detectó un desfalco de 25 millones de pesos, que no fueron justificados.

Por ello, el daño patrimonial fue denunciado, lo que generó que el agente del Ministerio Público se allegara de datos de prueba, con los que posteriormente solicitó al juez de control que conoce del caso, las órdenes de aprehensión en contra de ambos ex funcionarios públicos.

Una vez autorizados los mandamientos judiciales, se procedió a dar cumplimiento a las órdenes de captura y las personas imputadas fueron presentadas ante un juez de control, quien durante la audiencia inicial fue enterado de la formulación de la imputación en su contra.

Así mismo, ambos ex funcionarios de Tlahuiltepa se acogieron a la duplicidad del término constitucional de 144 horas, para tratar de recabar pruebas favorables para su defensa.

No obstante, durante la continuación de la audiencia inicial, celebrada la tarde de ayer, la representación social dependiente de la PGJEH, obtuvo como resultado el auto de vinculación a proceso por el delito de peculado.

Finalmente, a las dos personas investigadas les fue dictada la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se les estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.