Funcionan como institución de readaptación social. pero en la práctica los esfuerzos se desgastan por violaciones a la ley y a derechos humanos que imperan dentro de las cárceles
En México existe una gran percepción de corrupción de las principales instituciones públicas, pero se tiene la peor percepción de corrupción al interior de los centros penitenciarios.
Existen diversos factores que contribuyen a que él sistema penitenciario del país, se perciba como uno de los más corruptos. Entre ellos destaca el sistema de justicia mexicano, que incorpora figuras que abiertamente violan derechos humanos, tales como la prisión preventiva oficiosa y la sobrepoblación en las cárceles, que mantiene a personas privadas de su libertad sin acceso a servicios de calidad y bienes suficientes para su subsistencia.
Hasta el mes de mayo de este 2023, la población penitenciaria en México es de 25 mil 520 personas privadas de su libertad.
Los centros penitenciarios forman parte del sistema de justicia mexicano. En teoría, funcionan como una institución de readaptación social. Sin embargo, en la práctica estos esfuerzos están desgastados por violaciones a la ley y a los derechos humanos que imperan dentro de las cárceles. De ahí que no sea sorpresa que la opinión pública sobre la corrupción carcelaria sea de las peores. Es común escuchar de sobre población en cárceles o de la injusticia que representa que personas que no tienen una sentencia lleven años en algún centro penitenciario.
Si una persona ha experimentado corrupción de cerca en centros penitenciarios, entonces es más factible que conozca de primera mano las injusticias del sistema penitenciario.
En general la gente considera que hay mucha corrupción en las distintas instituciones, pero el sistema penitenciario se ubica en el segundo lugar hasta mayo de este 2023.
En las cárceles o reclusorios, se tienes una diferencia de 16% y 12% por ciento. Es decir, cuando una familia sufre un acto de corrupción 12% más personas consideran que hay mucha corrupción en las cárceles; pero cuando directamente se sufre un acto de corrupción, 16% más personas piensan que hay mucha corrupción en las cárceles.
En un consenso nacional se determinó qué en un reclusorio, donde las personas privadas de su libertad están con altos niveles de hacinamiento y sin un debido proceso, cuando no se es víctima de corrupción 67% piensa que no podemos esperar nada de estos lugares, pero cuando sí has sido víctima el último año, es 83%.
Uno de los problemas más comunes que enfrenta un egresado de los centros de reclusión es el de la estigmatización por parte de la sociedad y, en ocasiones, de sus propios familiares y amigos.
Sobrepoblación y hacinamiento
El hacinamiento y la sobrepoblación en los Centros de Reinserción Social aumenta las fricciones y los brotes de violencia entre los reclusos, propicia la propagación de enfermedades, dificulta el acceso a los servicios básicos y de salud y genera condiciones precarias de habitabilidad.
En este sentido, en las visitas de supervisión se documentó qué en la mayoría de los Centros de Reinserción Social del país, de opera con una cantidad de población por encima de su capacidad instalada,
En el reciente Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023 se muestra que cuatro de cada diez personas en los centros penitenciarios no tienen una sentencia. No es lo único que preocupa. Cuando se analiza el total de esas personas, el promedio nacional es que la mitad de las personas que están en la cárcel está en prisión preventiva oficiosa. Es decir, que fueron privadas de su libertad automáticamente, sin que el juez pudiera analizar cada caso y la aplicación de otras medidas cautelares. Además, estar privada de su libertad sin que se haya demostrado culpabilidad implica una violación a su presunción de inocencia. La importancia de hablar de esto es la relación que tiene la injusticia con la corrupción.
La prisión preventiva oficiosa ha sido ya declarada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una figura en contra de derechos humanos como la libertad personal, la presunción de inocencia y la integridad personal.
Durante el 2022, más de 88 mil personas encarceladas no tenían sentencia. Esto implica una injusticia fundamental de un sistema que no está funcionando: investigaciones y medidas cautelares que no funcionan, sino que criminalizan y obstaculizan la garantía de los derechos humanos.
La corrupción que se percibe en los centros penitenciarios también puede ser debida a la sobrepoblación que hay.
Tan solo en 2022 se registró una tasa de ocupación nacional de 101.8%, la tasa más alta registrada a nivel nacional desde que inició este censo en 2018.
Además, el tener los centros penitenciarios con hacinamiento y sobrepoblación dificulta la garantía de derechos humanos básicos para las personas privadas de su libertad.
Por ello, hay un gran desconcierto y se tienen graves dudas de que sí los centros de readaptación social cumplen su función o vale la pena replantearse nuevas formas de justicia y medidas antes de pensar en la cárcel como única vía para tener justicia.
Las injusticias e irregularidades en los centros penitenciarios no se ven únicamente en la sobrepoblación a nivel nacional. En 15 de las 32 entidades federativas hay una ocupación de personas privadas de la libertad de más del 100%. Es decir, 46% de los centros penitenciarios estatales tienen sobrepoblación.
La opinión pública hacia los centros penitenciarios se entiende como peor en términos de corrupción cuando se tiene más cercanía con la institución, en tanto que se conocen más las condiciones de vida al interior de las cárceles. Conocer las condiciones que viven las personas privadas de su libertad y que evidencia el abandono sistemático y las violaciones a derechos humanos a la población penitenciaria es una de las tantas maneras en las que se entiende la injusticia.
Se debe exigir que la impunidad de delitos no se resuelva únicamente con la cárcel, una de las opciones pertinentes son las reparaciones integrales del daño y repensar la justicia de otras maneras, las prisiones no son la solución y es un reto pendiente para el sistema penitenciario mexicano para acabar con la sobrepoblación y el hacinamiento en las cárceles mexicanas.
