RETRATOS HABLADOS

El último trimestre de 2015, el entonces gobernador del Estado, José Francisco Olvera Ruiz, envió al Congreso local la iniciativa de una nueva Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Hidalgo, que, por supuesto fue aprobada, y abrogaba la que estuvo en funciones desde 1977. Sin que nadie recapacitara en ese momento, al investir como autoridad máxima a un organismo de poder alterno y mucho más poderoso que la rectoría y el Consejo Universitario, se otorgó carácter de autoridad universitaria al Patronato Universitario, creado a la medida del máximo líder del grupo político que ha manejado la institución educativa desde hace más de 40 años.

La nueva realidad de la UAEH, donde todo, absolutamente todo quedaba en manos del Patronato y su presidente, quedó plasmada en el nuevo Estatuto General de la universidad, publicado en la gaceta universitaria el 28 de junio de 2019, para tener una última modificación el 22 de julio del mismo año.

De una vez y para toda la eternidad, así lo pensaron, la Ley citada, de la mano del Estatuto, planteaba como bases de toda la actividad en la UAEH, el impulso a un autogobierno que se autoverificaba, y aunque rayara en el absurdo, impuso que los presupuestos, inversiones, nombramiento de funcionarios y del propio consejo universitario, quedara al libre arbitrio, no de la comunidad universitaria, sino del Patronato, y en caso de que se registraran malos manejos económicos, para eso estaba la capacidad de ejercer la autoverificación, y así lograr que todo quedara en familia.

De ese entonces a la fecha, con todo y lo que representó la detención y prisión preventiva por más de un año en la prisión del Altiplano del Estado de México, del máximo líder del Grupo Universidad, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, la estructura que había diseñado y puesto en marcha no se movió de sus cimientos ni un milímetro. Él, y solo él, mantuvo la capacidad de quitar e imponer al nuevo rector al que dio carácter de simple figura decorativa, sin la capacidad de tomar decisión alguna.

Es decir, y para que quede claro: a partir de la Ley Orgánica de 2015, la UAEH se transformó en una ínsula de poder a la que nadie, absolutamente nadie puede tener siquiera la posibilidad de hacer una crítica, mucho menos plantear alguna transformación.

Pese a que ejerce un presupuesto público, no solo es ajena a rendir cuentas del uso del dinero, sino que, muy a la manera de un instituto militar, ejerce su capacidad de auto verificación y, en su caso, auto castigo, a quien haya hecho mal uso de los recursos económicos.

Es el escenario, en el que apenas hace unos días, y con el conflicto estudiantil de fondo, el gobernador, Julio Menchaca Salazar, destacó, luego que los alumnos en paro solicitaron reformas a la Ley Orgánica de 2015 en el nuevo pliego petitorio, dijo que es un buen momento, “para una introspección, una reflexión hacia adentro”.

Es también un momento único, nunca visto, en que finalmente los estudiantes, siempre manejados como carne de cañón para eventos políticos, donde eran llevados en calidad de acarreados, decidieron que ya había sido suficiente, y que de ninguna manera podían mantener el papel que les había sido asignado por un grupo político, que vendía a precios de oro el control dictatorial que tenían sobre el alumnado, resignado a nunca opinar, nunca cuestionar, nunca nada.

El fondo es la Ley Orgánica de 2015, y los poderes absolutos que otorgó al Patronato Universitario, ratificado y confirmado por el Estatuto General de 2019, que dio vida al poder alterno a cualquier gobierno constitucional, más poderoso en toda la historia del estado de Hidalgo.

Solo una reforma a dicha legislación, haría realidad el surgimiento de una nueva universidad, y la extinción de un cacicazgo, que parece no tener fin.

Mil gracias, hasta mañana.

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